Especialistas cuestionan la patologización del malestar social

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La soledad infantil, los nuevos padecimientos adolescentes y el debate en torno a la reforma de la Ley de Salud Mental volvieron al centro de la escena a partir del análisis del psicólogo y docente de la UBA Jorge Prado, quien advirtió sobre el riesgo de “patologizar” el malestar social para dar respuestas rápidas a intereses corporativos y farmacéuticos.
En diálogo con la Agencia Noticias Argentinas, Prado explicó que su libro “Una tablet al final del arcoíris” reúne experiencias clínicas, territoriales y educativas sobre el cuidado de las infancias y adolescencias. El eje del trabajo es cómo cambió el modo de jugar, vincularse y sufrir en un contexto dominado por redes sociales, pantallas y consumo digital permanente.
Según el especialista, el desplazamiento del juego tradicional hacia el mundo virtual se combina con fenómenos como la violencia convertida en espectáculo, el abuso de diagnósticos y la ilusión de que la tecnología puede funcionar como refugio emocional. La metáfora del “arcoíris” resume la idea de que la tablet aparece como promesa de éxito y pertenencia, pero al igual que ese horizonte inalcanzable, nunca se llega al final: “nos obsesionamos con el logro y perdemos el valor de transitar el camino del acompañamiento”, sostiene.
Pantallas, contrato implícito y soledad extrema
Prado describe que, en muchos hogares, la tablet o el celular se transformaron en una suerte de “contrato” tácito entre adultos y niños. Frente a adultos cuidadores desbordados por múltiples trabajos, urgencias económicas e inseguridad en las calles, la pantalla aparece como una solución rápida: se ofrece conectividad a cambio de silencio y tiempo para poder trabajar o resolver problemas.
El resultado, advierte, suele ser una “soledad extrema” para chicas y chicos que pasan horas aislados, con vínculos mediados casi exclusivamente por algoritmos y contenidos pensados para captar atención y consumo. Esta lógica profundiza el malestar emocional y, al mismo tiempo, alimenta la tendencia a traducir cualquier sufrimiento en diagnósticos individuales.
Debate por la Ley de Salud Mental y riesgos de retroceso
En ese marco, el psicólogo se mostró especialmente preocupado por las iniciativas para modificar la Ley de Salud Mental vigente. Uno de los puntos clave es el reemplazo del concepto de “padecimiento subjetivo” por el de “trastorno mental”. Mientras el primero contempla las condiciones sociales, económicas y familiares que atraviesan a las personas —por ejemplo, desempleo, violencia o falta de redes comunitarias—, el segundo remite a un diagnóstico estrictamente individual.
Para Prado, ese cambio léxico no es menor: “Si se atiende solo lo que puede etiquetarse como trastorno, se deja afuera a una enorme porción de la población cuyo sufrimiento está vinculado a la desigualdad y a fallas institucionales”. En esa línea, cuestiona la mercantilización de la salud y el lugar que ganan las respuestas medicamentosas como salida casi excluyente.
Otro aspecto que genera alarma es la posible flexibilización del criterio para internaciones involuntarias: de exigir un “riesgo cierto e inminente” se pasaría a un riesgo “grave”, categoría más laxa que podría habilitar internaciones arbitrarias o preventivas. A esto se suma la habilitación de teleconsultas para evaluar a personas en pleno brote psicótico ante la falta de psiquiatras presenciales, decisión que, según el especialista, supone un “enorme peligro clínico”.
Presupuesto insuficiente y respuestas punitivas a la juventud
El debate se da en un contexto de fuerte desfinanciamiento. La ley establece que al menos el 10% del presupuesto de salud debe destinarse a salud mental, pero en la práctica —marca Prado— apenas se ejecuta en torno al 1,4%. La distancia entre la letra de la norma y la realidad cotidiana impacta en la falta de dispositivos comunitarios, equipos interdisciplinarios y espacios de escucha y prevención.
Consultado sobre episodios de violencia o manipulación digital en escuelas, el psicólogo señala que se produce una “desafectización”: lo que ocurre en las redes se percibe como ficción, aunque las consecuencias emocionales sean muy reales. Frente a ello, la reacción típica de adultos y autoridades suele centrarse en el castigo y el señalamiento individual, más que en el abordaje integral y comunitario.
Prado vincula este enfoque con un doble mensaje estatal hacia las juventudes: mientras se impulsa la baja de la edad de imputabilidad penal a 14 años, se habilita al mismo tiempo que chicos de 13 puedan operar con criptomonedas e instrumentos financieros complejos. “Se les ofrecen herramientas tentadoras sin contención suficiente, y cuando aparecen los conflictos la respuesta prioritaria es punitiva, no preventiva”, resume.
Para especialistas, cuidar la salud mental infantil implica menos estigmatización diagnóstica, más presencia adulta y políticas públicas que fortalezcan la escuela, el barrio y los equipos comunitarios.
En este escenario, la discusión sobre tecnología, soledad, salud mental y derechos de niños, niñas y adolescentes se vuelve central: no solo para revisar el uso de pantallas en las casas, sino también para exigir que las reformas legales y presupuestarias no recorten derechos ni reduzcan el sufrimiento social a un simple trastorno individual.

