La Corte toma el caso por los subsidios al transporte en el interior
NewsITe
La Corte Suprema de Justicia de la Nación aceptó intervenir en la demanda presentada por la provincia de Buenos Aires contra el Gobierno de Javier Milei por la eliminación del Fondo de Compensación al Transporte Público de Pasajeros del interior del país. Se trata de un nuevo capítulo en la disputa entre la administración de Axel Kicillof y la Casa Rosada por el recorte de subsidios que impactó de lleno en el valor del boleto de colectivos fuera del Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA).
El Fondo de Compensación al Transporte Público de Pasajeros por Automotor Urbano y Suburbano del Interior del País (FCI) fue creado en 2018 mediante la Ley 27.467, con el objetivo de equilibrar las finanzas de los sistemas de transporte automotor del interior y evitar saltos bruscos en las tarifas. El esquema aportaba recursos nacionales para sostener los costos del servicio de colectivos urbanos y suburbanos, especialmente en ciudades alejadas del AMBA, donde la recaudación por boleto suele ser insuficiente para cubrir los gastos operativos.
En febrero de 2024, el Ministerio de Economía anunció el fin de este fondo mediante un comunicado oficial. La decisión fue luego ratificada en marzo a través del Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) 280/2024, cuyo artículo 18 dispuso formalmente el cese del FCI. Desde entonces, varias provincias denunciaron fuertes incrementos en el precio del transporte público y dificultades para sostener frecuencias y recorridos.
Frente a este escenario, la provincia de Buenos Aires recurrió al máximo tribunal para que declare la invalidez e ineficacia jurídica del comunicado del Ministerio de Economía y la inconstitucionalidad del artículo 18 del DNU 280/2024. En su presentación, el gobierno bonaerense también reclamó una medida cautelar que obligue al Estado nacional a transferir de manera inmediata y efectiva los fondos que considera adeudados, con la correspondiente actualización e intereses.
Los argumentos de la provincia y los próximos pasos judiciales
En su demanda, la administración de Kicillof sostiene que la eliminación del fondo de compensación produjo una “grave afectación” de la previsibilidad presupuestaria provincial y de los derechos de los usuarios del transporte público. Según argumenta, la quita de los subsidios derivó en aumentos significativos del boleto de colectivos en el interior bonaerense y en otras jurisdicciones, con especial impacto sobre los sectores de menores ingresos.
Además, la presentación judicial cuestiona que la medida del Gobierno nacional “carece de los requisitos constitucionales” y vulnera principios como el de legalidad, la división de poderes y la lealtad federal. Desde la óptica bonaerense, el modo en que se decidió el cese del FCI afecta la coordinación y cooperación intergubernamental que debería regir la relación entre Nación y provincias, en particular en un servicio esencial como el transporte público.
La Corte Suprema, al aceptar su competencia originaria en la causa, intimó al Gobierno de Milei a responder la demanda en un plazo de 60 días. Una vez vencido ese término, o cumplido el traslado, el tribunal evaluará si corresponde dictar la cautelar solicitada por la provincia de Buenos Aires. Esa resolución será clave para determinar si se restablecen transitoriamente los giros del fondo o si se mantiene la actual situación mientras se discute el fondo del asunto.
- El fondo de compensación fue creado por ley en 2018 con un monto inicial de $6.500 millones.
- Su objetivo central era compensar desequilibrios financieros del transporte fuera del AMBA.
- El Gobierno de Milei lo dio por finalizado mediante un comunicado y luego a través del DNU 280/2024.
- La provincia de Buenos Aires reclama el pago de fondos adeudados y la inconstitucionalidad del recorte.
La resolución que adopte la Corte no sólo tendrá impacto en Buenos Aires, sino que será observada de cerca por otras provincias que también cuestionan el fin de los subsidios al transporte en el interior.
Mientras tanto, usuarios, empresas de transporte y gobiernos locales esperan definiciones en un contexto de fuertes aumentos de costos y tarifas. Lo que resuelva el máximo tribunal en esta disputa entre Nación y provincia no sólo ordenará la situación actual, sino que también marcará un precedente sobre los alcances del poder federal para modificar unilateralmente esquemas de financiamiento que comprometen servicios públicos esenciales en todo el país.
