La Libertad Avanza celebró un cambio clave para abrir comercios en CABA
NewsITe
La Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires aprobó la denominada Ley de Libertad Comercial, una iniciativa impulsada por la legisladora y jefa del bloque de La Libertad Avanza (LLA), Pilar Ramírez. El proyecto obtuvo 32 votos afirmativos y fue presentado por sus impulsores como una herramienta para reducir trabas burocráticas y facilitar la apertura de comercios y actividades económicas en el distrito porteño.
Tras la votación, Ramírez destacó el acompañamiento de los bloques que respaldaron la norma, especialmente el PRO, y sostuvo que el objetivo central es “hacerle la vida más fácil” a los vecinos que trabajan e invierten en la Ciudad. Según remarcó, la propuesta forma parte de una agenda que la fuerza libertaria venía impulsando desde hace tiempo para desregular y simplificar la relación entre el sector privado y el Estado.
Uno de los ejes centrales de la ley es la posibilidad de que los comercios y actividades consideradas de “bajo riesgo” puedan comenzar a funcionar desde el primer día, una vez presentada la declaración jurada correspondiente, la documentación requerida y obtenida una constancia provisoria. De esta manera, ya no será indispensable una inspección previa para abrir las puertas al público.
La norma establece que las inspecciones estatales se realizarán a posteriori de la apertura del local. La primera verificación deberá concretarse dentro de los 180 días. Si el Gobierno porteño no cumple con ese plazo por causas ajenas al comerciante, la habilitación provisoria pasará automáticamente a ser definitiva, introduciendo así un plazo cierto para la definición del trámite.
Silencio administrativo positivo y digitalización de los trámites
Otro aspecto relevante de la Ley de Libertad Comercial es la incorporación del llamado “silencio administrativo positivo”. Este principio implica que, si el comerciante inicia un trámite y no recibe respuesta dentro de los plazos establecidos, la solicitud se considera aprobada de pleno derecho. La intención es evitar demoras indefinidas y brindar mayor previsibilidad al sector privado.
El texto también contempla la digitalización integral de los trámites vinculados a habilitaciones, con el fin de reducir la presencialidad y agilizar gestiones. Además, incorpora el derecho a corregir incumplimientos menores antes de una eventual clausura, lo que abre la puerta a instancias de regularización sin llegar a sanciones extremas en la primera inspección.
- Habilitación inmediata para actividades de bajo riesgo, con constancia provisoria.
- Inspecciones posteriores, con un plazo máximo de 180 días para el control.
- Silencio administrativo positivo en caso de falta de respuesta estatal.
- Digitalización de trámites y posibilidad de subsanar faltas menores.
“Hay que seguir eliminando trabas del Estado”, afirmó la legisladora de La Libertad Avanza, Pilar Ramírez, al celebrar la aprobación de la ley en el recinto porteño.
Finalmente, la norma prevé que los bienes producidos o comercializados en otras provincias puedan ofrecerse en la Ciudad de Buenos Aires sin necesidad de duplicar inscripciones o registros. Con este tipo de medidas, el oficialismo libertario y sus aliados buscan enviar una señal de apoyo a la actividad privada y al emprendedorismo, en un contexto económico desafiante y con fuerte debate sobre el rol del Estado en la regulación de la economía.
