La Casa Rosada aseguró que Migraciones ya remitió información sobre el paso del dirigente brasileño por la Argentina. Mientras avanzan las investigaciones judiciales, el Ejecutivo sostiene que no existían restricciones internacionales que impidieran su ingreso y posterior salida del país.
El Gobierno de Javier Milei confirmó que comenzó a colaborar con la Justicia en las investigaciones por la fuga de Flávio Bolsonaro, quien atravesó territorio argentino antes de viajar a Estados Unidos pese a tener prohibido abandonar Brasil. Desde el Ejecutivo aseguraron que los controles migratorios se realizaron conforme a la normativa vigente y rechazaron las acusaciones de encubrimiento.
Según fuentes oficiales, la Dirección Nacional de Migraciones entregó documentación sobre el ingreso del dirigente brasileño y su familia, junto con actuaciones de la Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA). Sin embargo, todavía resta determinar si se remitieron todos los registros solicitados por los investigadores.
El jefe de Gabinete, Diego Santilli, defendió el procedimiento y sostuvo que Bolsonaro ingresó con documentación válida. También señaló que no existía ninguna alerta de Interpol ni una orden internacional de captura que obligara a las autoridades argentinas a impedir su tránsito.
La Justicia investiga el paso de Bolsonaro por la Argentina
La fiscal federal Paloma Ochoa solicitó medidas preliminares en una causa que tramita ante la jueza María Eugenia Capuchetti. La investigación busca establecer si funcionarios nacionales incurrieron en irregularidades migratorias o facilitaron la salida del dirigente brasileño.
En paralelo, el fiscal federal de Puerto Iguazú, Fabián Martínez, pidió informes sobre los controles fronterizos, los registros aeroportuarios y el vuelo privado utilizado por Bolsonaro.
De acuerdo con Migraciones, el ex candidato presidencial ingresó al país el martes 27 de octubre a las 22.50, acompañado por su esposa y sus dos hijas. Posteriormente abordó una aeronave privada que despegó desde Puerto Iguazú durante la madrugada del miércoles, realizó una escala en Ecuador y continuó hacia Miami.
El episodio también generó cuestionamientos políticos y pedidos de explicaciones en el Congreso. Mientras tanto, la Casa Rosada insiste en que no existieron irregularidades, aunque las causas judiciales continúan abiertas y deberán determinar si hubo responsabilidades penales.
