La fiscal Paloma Ochoa solicitó informes a Migraciones para determinar si existieron irregularidades durante el paso del dirigente brasileño por Argentina. Hay tres denuncias judiciales y se investiga la posible participación de funcionarios nacionales.
La Justicia argentina avanza en la investigación por la fuga de Flávio Bolsonaro, quien atravesó el país antes de viajar a Estados Unidos pese a tener prohibida su salida de Brasil. La fiscal federal Paloma Ochoa solicitó informes a la Dirección Nacional de Migraciones para determinar si hubo irregularidades o posibles maniobras de encubrimiento por parte del Gobierno de Javier Milei.
La medida responde a una denuncia presentada por el dirigente del Partido Obrero Gabriel Solano contra el Presidente y otros funcionarios nacionales. La causa quedó radicada en el juzgado federal de María Eugenia Capuchetti y busca establecer si se incumplieron las normas migratorias durante el ingreso y la salida de Bolsonaro.
En paralelo, existen otras dos denuncias impulsadas por el diputado Esteban Paulón y la legisladora Marcela Pagano. Esta última derivó en una investigación en Puerto Iguazú, donde el fiscal Fabián Martínez también solicitó documentación oficial.
El recorrido de Bolsonaro y las pruebas solicitadas
Según Migraciones, el dirigente brasileño ingresó a Argentina el martes 27 de octubre a las 22.50, acompañado por su esposa y sus dos hijas. Cruzó el puente internacional Tancredo Neves, en Misiones, y posteriormente abordó un avión privado que partió hacia Ecuador antes de continuar rumbo a Miami.
Los investigadores solicitaron preservar las grabaciones de seguridad del paso fronterizo y del aeropuerto de Puerto Iguazú. También requirieron los registros de pasajeros, planes de vuelo y documentación del servicio aéreo utilizado.
El Gobierno argentino sostuvo que Bolsonaro presentó documentación válida y no registraba impedimentos legales para ingresar al país. Tampoco existía una alerta internacional de Interpol que obligara a detenerlo.
Sin embargo, la Justicia brasileña le había ordenado entregar sus pasaportes y permanecer en Brasil mientras avanzaba una investigación por presunto lavado de dinero. Ahora, los fiscales argentinos deberán determinar si su tránsito por el territorio nacional involucró alguna responsabilidad penal de funcionarios públicos.
La Justicia argentina avanza en la investigación por la fuga de Flávio Bolsonaro, quien atravesó el país antes de viajar a Estados Unidos pese a tener prohibida su salida de Brasil. La fiscal federal Paloma Ochoa solicitó informes a la Dirección Nacional de Migraciones para determinar si hubo irregularidades o posibles maniobras de encubrimiento por parte del Gobierno de Javier Milei.
La medida responde a una denuncia presentada por el dirigente del Partido Obrero Gabriel Solano contra el Presidente y otros funcionarios nacionales. La causa quedó radicada en el juzgado federal de María Eugenia Capuchetti y busca establecer si se incumplieron las normas migratorias durante el ingreso y la salida de Bolsonaro.
En paralelo, existen otras dos denuncias impulsadas por el diputado Esteban Paulón y la legisladora Marcela Pagano. Esta última derivó en una investigación en Puerto Iguazú, donde el fiscal Fabián Martínez también solicitó documentación oficial.
