Las declaraciones de Luis Antonio Martínez y Sergio Carlos Bottini comenzaron este jueves por la mañana mediante audiencias que se llevan a cabo de modo virtual. Familiares, referentes religiosos y organismos de derechos humanos se concentraron frente al edificio judicial de calle Ameghino. Integrantes del Hogar de Cristo realizaron una procesión con la Virgen de Luján para acompañar el reclamo de justicia.
La causa que investiga la muerte del obispo de San Nicolás Carlos Horacio Ponce de León, ocurrida hace más de 49 años durante la última dictadura militar, inició este jueves 29 de octubre una instancia decisiva con el comienzo de las declaraciones indagatorias de dos imputados. Las audiencias se desarrollan mediante la plataforma Zoom, mientras que en las afueras del Juzgado Federal N.º 2, ubicado en Ameghino 387, se concentraron familiares, representantes de la Iglesia y organismos de derechos humanos para acompañar el avance de la investigación.
Desde las primeras horas de la mañana, integrantes de la Mesa de la Memoria por la Justicia de San Nicolás se reunieron frente a la sede judicial. Entre los presentes estuvieron el sacerdote Aníbal Pollacchi, referente de la Comisión Diocesana para Informe Testimonial de monseñor Carlos Horacio Ponce de León, y Marisa Ponce de León, sobrina del obispo y querellante en la causa, quienes acompañaron una jornada de especial trascendencia para el esclarecimiento de las circunstancias de su muerte.
La convocatoria también contó con la participación de integrantes del Hogar de Cristo “Ponce de León”, organización local dedicada a la recuperación y el acompañamiento de personas con problemas de adicciones. Sus miembros realizaron una procesión llevando una imagen de la Virgen de Luján hasta las puertas del juzgado, en una manifestación de fe que se sumó al reclamo de memoria, verdad y justicia.
Las declaraciones corresponden a Luis Antonio Martínez, quien conducía la camioneta que embistió el vehículo en el que viajaba el obispo, y Sergio Carlos Bottini, que también se encontraba en el rodado involucrado. Ambos superan los 80 años y fueron considerados aptos para afrontar el proceso judicial por el Cuerpo Médico Forense, luego de que las audiencias atravesaran sucesivas postergaciones que provocaron cuestionamientos de organizaciones religiosas y de derechos humanos.
Una investigación que busca esclarecer lo ocurrido en 1977
El 11 de julio de 1977, Carlos Horacio Ponce de León murió luego de que el automóvil en el que viajaba fuera embestido por una camioneta Ford F-100 sobre la Ruta Nacional 9, a la altura de Ramallo. El religioso se dirigía hacia Buenos Aires para entregar documentación relacionada con personas desaparecidas de su diócesis, en un contexto de persecución y amenazas por parte de los organismos represivos de la dictadura.
Durante décadas, su muerte fue presentada como consecuencia de un accidente de tránsito. Sin embargo, la Cámara Federal de Rosario dispuso en 2023 reabrir la investigación y revisar aquella conclusión, a partir de elementos que permitieron considerar la hipótesis de un asesinato planificado y encubierto mediante la simulación de un siniestro vial.
Entre las pruebas incorporadas figuran una reconstrucción informática del choque, análisis forenses sobre las lesiones sufridas por el obispo y testimonios que cuestionaron la versión original. La investigación también examinó las tareas de inteligencia y vigilancia que las fuerzas represivas habían desplegado sobre Ponce de León debido a su compromiso con las víctimas de la dictadura.
El avance de las indagatorias adquiere especial relevancia después de los reclamos de celeridad formulados por referentes de la Iglesia y organismos de derechos humanos. Las audiencias habían sido reprogramadas para el 24 de noviembre debido a una licencia del juez federal – titular del Juzgado Nº 3 de primera instancia de Rosario – Carlos Alberto Vera Barros, pero finalmente fueron adelantadas para este jueves.
Con la concentración frente al juzgado y la procesión de la Virgen de Luján, familiares y organizaciones nicoleñas acompañaron una nueva etapa judicial en una causa que permanece abierta desde hace décadas. Las declaraciones de los imputados representan un paso importante para determinar las responsabilidades en la muerte del obispo y avanzar en el esclarecimiento de uno de los episodios más significativos de la historia reciente de San Nicolás.
