Cuatro partidos tucumanos buscan limitar la continuidad del gobernador
NewsITe
La disputa por la reelección en Tucumán sumó un nuevo capítulo a nivel nacional. Cuatro fuerzas opositoras provinciales presentaron una acción ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación para cuestionar el artículo 90 de la Constitución tucumana, norma que habilita la continuidad del actual gobernador, Osvaldo Jaldo, más allá de los períodos ya cumplidos en la fórmula ejecutiva.
La movida judicial fue impulsada por Cambia Tucumán, Fuerza Republicana, el PRO y CREO, que decidieron llevar el planteo directamente al máximo tribunal federal. El objetivo central es impedir una nueva candidatura de Jaldo para el período 2027–2031, a través de un límite a la acumulación de mandatos en la cúpula del Poder Ejecutivo provincial.
La Constitución de Tucumán prevé mandatos de cuatro años con posibilidad de una sola reelección inmediata. Sin embargo, incluye una cláusula específica que permite que quien haya sido vicegobernador durante dos períodos consecutivos pueda luego ser electo gobernador y, a su vez, reelegido una vez en ese cargo. Es ese encadenamiento institucional el que la oposición considera incompatible con los principios de alternancia democrática establecidos por la Constitución Nacional.
Osvaldo Jaldo fue vicegobernador entre 2015 y 2023 y encabeza la Gobernación desde 2023. Si finalmente se postulara y resultara reelecto para el período 2027–2031, alcanzaría 16 años consecutivos en la fórmula ejecutiva provincial, un escenario que, para los promotores de la demanda, excede los límites razonables de la reelección y tensiona la lógica republicana.
El eje del planteo y las posiciones políticas
El legislador provincial Manuel Courel sostuvo que la presentación no se orienta exclusivamente contra una persona, sino contra el mecanismo constitucional que hace posible semejante continuidad. En cambio, el diputado nacional Mariano Campero vinculó de manera directa el reclamo con la posibilidad de que Jaldo siga en el poder y reivindicó haber acudido a la Justicia antes del año electoral para evitar sospechas de oportunismo.
El gobernador, por su parte, ya había marcado su postura en público. Durante el acto por el Día de la Lealtad, el 17 de octubre, aseguró ante la militancia que su nombre estará en la boleta, dejando en claro su intención de competir nuevamente. Esa definición política antecedió a la formalización de la demanda, presentada el 26 de octubre tras los anuncios opositores del fin de semana.
Por ahora, la presentación ante la Corte no implica una sentencia ni una inhabilitación. El artículo 90 de la Constitución tucumana sigue plenamente vigente, incluida la cláusula que abre la puerta a pasar de dos mandatos como vicegobernador a la Gobernación y, luego, a una reelección consecutiva. Será el máximo tribunal nacional el que, en última instancia, deba resolver si ese esquema se ajusta o no a los estándares de alternancia y límites al poder que establece la Carta Magna argentina.
La Corte Suprema tendrá la última palabra sobre si el esquema de reelecciones en Tucumán respeta los principios republicanos de la Constitución Nacional.
Mientras tanto, el escenario político tucumano se mantiene en tensión, con un oficialismo que busca consolidar su proyecto y una oposición que apuesta a la vía institucional para frenar lo que considera un avance desmedido sobre la alternancia democrática en la provincia.
