La aseguradora ofreció inicialmente poco más de cinco millones de pesos, pero luego rechazó la cobertura. La Justicia cuestionó las demoras, reconoció el valor actualizado del vehículo y sancionó a la empresa.
La Justicia de Mar del Plata condenó a una compañía de seguros a pagar una indemnización de $12.622.296 a una mujer que sufrió el robo de su Peugeot 207 en diciembre de 2023. El fallo también impuso una multa civil por daño punitivo, luego de determinar que la aseguradora incumplió el contrato y mantuvo una conducta evasiva y dilatoria durante el reclamo.
La sentencia reconoció $9.810.000 por el valor de reposición del vehículo, $1.200.000 por privación de uso, $1.600.000 por daño moral y $12.296 por los gastos de baja. Además, la jueza estableció una sanción equivalente a cinco canastas básicas para un hogar tipo 3, cuyo valor individual ascendía a $1.470.043,19 según el INDEC.
El conflicto comenzó cuando dos delincuentes que circulaban en moto interceptaron a la propietaria mientras ingresaba a su domicilio. Uno de ellos la empujó y le sustrajo las llaves y el teléfono celular, mientras su cómplice entró a la vivienda, robó objetos personales y escapó con el automóvil. La víctima presentó la denuncia policial durante la madrugada siguiente.
Al momento del robo, el Peugeot 207 contaba con una póliza que establecía una suma asegurada superior a cinco millones de pesos y una cláusula de ajuste automático del 20%. Sin embargo, la empresa ofreció inicialmente poco más de cinco millones como compensación, una cifra que la propietaria consideró insuficiente frente a la inflación y al valor actualizado del vehículo.
La aseguradora demoró el pago y la Justicia cuestionó su conducta
Ante la falta de acuerdo, la mujer realizó gestiones por correo electrónico y envió una carta documento para exigir el cumplimiento del contrato. La compañía demoró su respuesta y finalmente rechazó la cobertura porque, según argumentó, la titular no había presentado el certificado de no hallazgo y tampoco había completado determinados trámites administrativos posteriores al robo.
Durante el proceso judicial, el tribunal examinó las denuncias policiales y los intercambios de documentación entre las partes. La jueza consideró que las pruebas acreditaban el robo y señaló que la aseguradora no había presentado elementos capaces de desvirtuar la versión de la damnificada. También cuestionó que la empresa solicitara reiteradamente documentos que ya tenía en su poder.
Para establecer la indemnización, la Justicia tomó como referencia el valor de reposición de un vehículo de características similares al momento de la pericia. Además del precio actualizado del automóvil, reconoció los perjuicios derivados de la imposibilidad de utilizarlo, los gastos administrativos y el daño moral que sufrió la propietaria.
El tribunal rechazó, en cambio, el reclamo por daño psíquico. La pericia correspondiente determinó que ese perjuicio no derivaba exclusivamente del comportamiento de la compañía aseguradora.
La sentencia también aplicó una multa civil por daño punitivo equivalente a $7.350.215,95, calculada sobre cinco canastas básicas de $1.470.043,19 cada una. La jueza consideró que la aseguradora actuó de manera “evasiva”, incumplió su deber de información y no respetó las obligaciones de buena fe frente a la consumidora.
La sanción busca desalentar las prácticas dilatorias de las compañías aseguradoras y proteger a los consumidores ante incumplimientos contractuales. De esta manera, la condena comprende tanto el resarcimiento económico por el vehículo robado y los perjuicios reconocidos como una penalidad adicional por la conducta de la empresa.
