Crece la controversia por el sistema de control de velocidad
NewsITe
A pocas semanas del inicio de la temporada de verano, el sistema de fotomultas en el municipio bonaerense de Dolores quedó en el centro de la polémica. La comuna, gobernada por Juan Pablo García, decidió dar por finalizado un vínculo de más de una década con el anterior prestador del servicio de radares y avanzar con una contratación directa, medida que ahora es cuestionada por distintos sectores políticos.
Las críticas señalan como principal beneficiaria de esta decisión a la firma Secutrans. Referentes locales reclaman conocer en detalle los fundamentos legales y económicos de la operatoria, así como los porcentajes de recaudación que se habrían establecido a favor de la empresa. La discusión cobra mayor relevancia porque Dolores es atravesada por las rutas 2 y 63, dos de los accesos más utilizados hacia la Costa Atlántica durante el receso estival.
Tras la contratación directa, el Ejecutivo municipal convocó a las licitaciones públicas 03/2026 y 04/2026. Sin embargo, esos procesos también fueron objetados. Entre los puntos más controvertidos se encuentra la exigencia de que los oferentes sean, a la vez, fabricantes de los radares y que la propuesta económica represente apenas el 15% del puntaje total, lo que para la oposición podría limitar la competencia real entre empresas interesadas.
Reclamos por supuestas irregularidades y falta de control
Desde La Libertad Avanza de Dolores presentaron reclamos ante organismos de control provinciales, advirtiendo sobre posibles irregularidades administrativas y la sospecha de una licitación “a medida” de un prestador en particular. También piden que se transparente la letra chica de los contratos, los pliegos licitatorios y los criterios de adjudicación.
Otro foco de cuestionamientos gira en torno al funcionamiento efectivo de los dispositivos. De acuerdo con las denuncias, los radares instalados en el distrito podrían no estar registrando infracciones con normalidad tras el cambio de empresa, lo que genera incertidumbre entre los automovilistas y habilita dudas sobre la legalidad y validez de las multas eventualmente emitidas.
Debate por el rol de las empresas privadas
Las críticas también alcanzan al alcance de las facultades que se delegan a los privados. El artículo 28 de la Ley provincial 13.927 establece que el control directo de las infracciones no puede ser privatizado, por lo que se exige revisar con detalle las funciones previstas para la empresa en los pliegos. El pedido apunta a determinar si la operatoria se ajusta o no al marco normativo vigente.
- Revisión de las condiciones de la contratación directa y de las licitaciones 03/2026 y 04/2026.
- Transparencia en los porcentajes de recaudación asignados a la empresa prestataria.
- Garantía de que los radares funcionen correctamente antes del inicio del verano.
- Respeto estricto del artículo 28 de la Ley 13.927 y límites a la participación privada.
Desde La Libertad Avanza reclaman que el municipio exhiba los contratos, acredite las condiciones económicas y garantice el correcto funcionamiento de los equipos de control de velocidad antes de que miles de vehículos vuelvan a colmar las rutas hacia la Costa Atlántica.
En la antesala de una nueva temporada estival, la discusión sobre las fotomultas en Dolores combina reclamos por transparencia, debate jurídico sobre la participación privada en el control de infracciones y preocupación por la seguridad vial en uno de los corredores más transitados del país. La respuesta oficial y la actuación de los organismos de control serán clave para disipar sospechas y aportar previsibilidad a los conductores que circularán por la zona.
