La aerolínea privada que llevó a Bolsonaro, bajo sospecha judicial
NewsITe
Baires Fly S.A., una compañía de aviación privada con operaciones frecuentes en el país, quedó en el centro de una doble polémica: por haber sido la empresa que trasladó a Flávio Bolsonaro y su familia desde la Argentina hacia Estados Unidos, y por estar mencionada en la causa por presunto lavado de activos vinculada a la disuelta Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS).
De acuerdo con la Dirección Nacional de Migraciones, el excandidato presidencial brasileño ingresó al territorio argentino el martes 27 de octubre a las 22.50 por el paso internacional Tancredo Neves, en Misiones. Viajaba acompañado por Fernanda Antunes Figueira Bolsonaro, Carolina Figueira Bolsonaro y Luiza Figueira Bolsonaro, todos con documentación válida y sin restricciones para cruzar la frontera.
Según documentación oficial y un plan de vuelo al que accedió la Agencia Noticias Argentinas, el grupo abordó luego un Gulfstream G400 de Baires Fly con destino final a Miami, Estados Unidos, realizando una escala previa en Guayaquil, Ecuador. El itinerario se completó sin que se registraran impedimentos legales para la salida desde la Argentina.
La conexión con la causa ANDIS y el presunto lavado de activos
Mientras crecía el impacto político del viaje de Bolsonaro, la situación judicial de Baires Fly ya se encontraba bajo la lupa. La empresa figura entre las firmas investigadas en un expediente que tramita en los tribunales federales de Comodoro Py, donde se analiza un supuesto circuito de lavado de dinero vinculado a droguerías favorecidas con contrataciones irregulares de la Agencia Nacional de Discapacidad.
La pesquisa, impulsada por el fiscal Franco Picardi y el juez Ariel Lijo, se concentra en millonarias transferencias bancarias recibidas por la compañía aérea y en facturas emitidas por servicios aeronáuticos que, según la hipótesis judicial, habrían sido utilizados para dar apariencia lícita a fondos de origen sospechoso.
Uno de los principales acusados es Sergio Daniel Mastropietro, empresario ligado a Baires Fly, quien se encuentra procesado. Los investigadores sostienen que habría sido el encargado de la recaudación del dinero y de las maniobras orientadas al blanqueo de fondos generados por operaciones irregulares en el ámbito de ANDIS, con el presunto rol clave de Miguel Ángel Calvete como intermediario entre esa agencia y laboratorios privados.
Transferencias, facturas y la hipótesis de la maniobra
Entre las pruebas reunidas se destaca el envío, el 10 de septiembre de 2025, de cinco archivos con transferencias millonarias que Calvete habría remitido a Mastropietro. Esos fondos habrían tenido origen en droguerías beneficiadas con adjudicaciones de la Agencia Nacional de Discapacidad.
Poco después, Baires Fly S.A. emitió facturas por montos coincidentes a las mismas droguerías, bajo el concepto de «compra de kilómetros nacionales para ser utilizados en aeronaves de la empresa». Para la Fiscalía, ese circuito contable podría haber funcionado como engranaje para canalizar y disfrazar recursos obtenidos mediante contrataciones irregulares.
Si bien el expediente aún se encuentra en etapa de investigación, los movimientos financieros y la relación entre los distintos actores privados y estatales marcarán el futuro judicial de la firma de aviación, ahora también expuesta por su vínculo con la salida de Bolsonaro de la región.
Denuncias contra el Gobierno por la salida de Flávio Bolsonaro
En paralelo a la causa económica, el Gobierno nacional enfrenta dos denuncias penales por el episodio que tuvo como protagonista al dirigente brasileño. La primera fue presentada por la diputada Marcela Pagano ante la Justicia Federal de Misiones, donde pide investigar presuntos delitos de tráfico ilegal de personas en tránsito por el territorio argentino, abuso de autoridad, incumplimiento de los deberes de funcionario público y encubrimiento.
Pagano requirió que se analice en detalle el ingreso y la salida de Bolsonaro y su familia, que se preserve toda la documentación y los registros fílmicos disponibles sobre su paso por el país y que se recaben informes de la Dirección Nacional de Migraciones, la Policía de Seguridad Aeroportuaria, la Administración Nacional de Aviación Civil (ANAC) y la propia Baires Fly. Además, solicitó la citación de todos los funcionarios y agentes que hayan intervenido.
La segunda denuncia lleva la firma del dirigente de izquierda Gabriel Solano, quien apunta directamente al presidente Javier Milei y a «todos aquellos funcionarios públicos que, en el marco de sus funciones y mediante un plan sistemático, resulten coautores, cómplices, instigadores o partícipes necesarios» de delitos de encubrimiento agravado, abuso de autoridad y violación de los deberes de funcionario público.
«Los hechos que motivan la presente presentación se centran en un grave desvío de poder y en la utilización ilegal de la estructura del Estado para burlar la cooperación judicial internacional, poniendo en riesgo la seguridad nacional y las relaciones exteriores de la República», sostuvo Solano en su escrito.
Con la empresa aérea bajo investigación en la causa ANDIS y el oficialismo enfrentando cuestionamientos por el tránsito de Bolsonaro por la Argentina, el expediente combina aristas políticas, judiciales y diplomáticas que prometen prolongarse en los tribunales.
