La brutal agresión ocurrida en la Secundaria N.º 5 expuso los cuestionamientos a los mecanismos de prevención y protección de los trabajadores de la educación. La Inspectora Jefa Distrital Virginia Vivas no da respuestas, ni públicas ni en privado. Mientras tanto, docentes afirman sentirse desamparados por un sistema que los empuja a buscar jubilarse lo antes posible.
De la redacción de EL NORTE
[email protected]
El martes 13 de octubre, la Escuela Secundaria 5 “Héroes Nicoleños de Malvinas” fue escenario de una brutal agresión. Una alumna de 15 años golpeó salvajemente a una docente, quien previo a este episodio le había solicitado -en reiteradas oportunidades- que deje de usar el teléfono celular, en cumplimiento de la ley que restringe el uso de estos dispositivos en establecimientos secundarios.
En los días posteriores, las autoridades de Educación ejecutaron el mismo protocolo de siempre: silencio total, hasta que las aguas se calmen y todo se olvide. Esa es la mecánica habitual que utiliza habitualmente el cuerpo de inspectores de Educación.
Pero, en las últimas horas, se difundió en redes un video del ataque a la docente, que desnuda la situación de indefensión a la que están sometidas las y los docentes. Y, paralelamente, el deficiente accionar de las autoridades, quienes fracasan permanentemente en materia de prevención.
La primera autoridad en responder debiera ser la Inspectora Jefa Distrital de Educación Pública, Virginia Vivas. Sin embargo, debieron pasar varios días para que tomara cartas en el asunto. Recién el martes 27, exactamente dos semanas después de la agresión, la Jefatura Distrital convocó a la Mesa Intersectorial para el Abordaje de las Violencias en el Ámbito Escolar. En el encuentro “abordaron la necesidad de generar un espacio de trabajo conjunto que permita abordar las situaciones de violencia que atraviesan nuestras instituciones educativas”, según expresaron desde la seccional local de Suteba.
Sin embargo, estas “charlitas”, llegan tarde puesto que en el interín hay una docente con licencia médica, angustiada y con miedo a volver a las aulas. Y muchas otras con carpeta psiquiátrica por no soportar el estrés de reiteradas situaciones de violencia, no tan extremas, pero sí constantes.
La responsabilidad de actuar en tiempo y forma no queda solamente en Vivas, sino también en el Cuerpo de Inspectores de Secundarias y en el área de Psicología a cargo de Daniela Ramos, desde donde tampoco se hace mucho. En esto coinciden todas las fuentes consultadas. La palabra que más se repite es “inoperancia”, al momento de recoger testimonios.
En este escenario, los más afectados son los docentes. En San Nicolás hay registro de un importante número de educadores con licencia psiquiátrica. En el día a día, hay muchos que se sienten desamparados tanto por los equipos de conducción como por los gremios que los representan. Basta con ver comentarios en redes sociales de maestros que afirman sentirse “agotados emocionalmente y sin herramientas”.
Las medidas llegan tarde, cuando la docente de la Secundaria N° 5 ya realizó la denuncia penal para no volver a dar clases en este colegio por la angustia que le provocó ser víctima de semejante golpiza. “Celebramos la concreción de estos encuentros, convencidos de que la construcción colectiva de una mirada distrital sobre las violencias en las escuelas es indispensable para diseñar estrategias de intervención […]” comunican los sindicatos sobre la Mesa Distrital realizada 14 días después del ataque, lo que da cuenta del tardío accionar y de la poca respuesta que le dan, tanto a la maestra agredida, como a aquellos que se sienten vulnerables dentro de las aulas.
La polémica decisión de Vivas dos años atrás
El 18 de abril de 2024, también en la Escuela Secundaria N° 5 de San Nicolás, se había producido un violento episodio. En aquella oportunidad, un alumno de 13 años apuñaló a un compañero en las inmediaciones del colegio.
Al igual que sucede con el caso de la docente agredida el pasado 13 de octubre, la inspectora jefa distrital, Virginia Vivas, no brindó respuestas ni detalles sobre qué medidas había tomado para garantizar la seguridad de los alumnos y del cuerpo docente.
Pero, las cuestionables decisiones no se limitaron a esta falta de pronunciamientos. Por temor de los trabajadores de la institución, debido a que la familia del adolescente agresor habría realizado amenazas contra los mismos, solicitaron la presencia de un móvil policial custodiando el edificio. Vivas rechazó esta decisión, alegando que esto “estigmatizaría” a la Secundaria N° 5, velando por el qué dirán y no por los docentes.
