Un pedido de informes presentado en el Senado bonaerense apunta al tratamiento de las denuncias realizadas mediante “Mi Seguridad”. La oposición advierte que miles de presentaciones podrían no aparecer dentro de determinadas categorías de las estadísticas oficiales.
El bloque de La Libertad Avanza en el Senado bonaerense puso bajo revisión la metodología utilizada para elaborar las estadísticas oficiales del delito. La discusión se concentra en el procesamiento de las denuncias digitales.
El senador Carlos Curestis presentó un pedido de informes dirigido al Poder Ejecutivo provincial. El legislador reclama precisiones sobre las Investigaciones Penales Preparatorias originadas mediante la plataforma “Mi Seguridad” entre 2023 y 2025.
La iniciativa busca determinar cuántas denuncias permanecieron bajo una “tipificación provisoria” al cierre de 2025. Esa categoría comprende presentaciones que todavía no recibieron un encuadre dentro de un tipo penal determinado.
Según planteó Curestis, 122.867 denuncias permanecieron durante 2025 bajo esa condición. El senador sostuvo además que más de 100.000 habían sido inicialmente identificadas por los denunciantes como posibles robos o hurtos.
El legislador estimó que su incorporación dentro de esas categorías podría haber elevado hasta un 36% las cifras publicadas sobre delitos contra la propiedad. Esa estimación forma parte del cuestionamiento opositor y aún requiere respuesta oficial.
El circuito de las denuncias digitales
El pedido también reclama conocer cuántas presentaciones realizadas durante 2024 y 2025 fueron ratificadas posteriormente. Además, solicita precisar cuántas denuncias ratificadas continuaban sin tipificación penal en septiembre de 2026.
La discusión incluye el procedimiento que deben completar los ciudadanos después de presentar una denuncia digital. El proyecto pregunta si la ratificación exige concurrir personalmente a una fiscalía dentro de cinco días hábiles.
Los libertarios cuestionan ese requisito porque consideran que puede afectar la continuidad de las causas. Curestis sostiene que una denuncia no ratificada puede terminar archivada antes de recibir una clasificación penal definitiva.
El Senado también deberá conocer las razones técnicas, normativas y procesales que explican por qué determinadas presentaciones mantienen una tipificación provisoria. El proyecto reclama además información sobre los mecanismos de auditoría y seguimiento.
Curestis vinculó esas dudas con la confiabilidad de las estadísticas utilizadas para diseñar políticas públicas. El planteo busca establecer si el sistema refleja todos los delitos denunciados o deja presentaciones fuera de determinadas categorías estadísticas.
