Empresas de juego online presionan al Senado por la nueva regulación
NewsITe
Las principales empresas de apuestas online con licencia en la Argentina intensificaron en los últimos días su lobby en el Senado para intentar frenar un endurecimiento general de las reglas sobre el sector. Apuntan a que la futura ley se concentre en perseguir a los operadores ilegales y no imponga nuevas restricciones a las plataformas que ya están habilitadas y supervisadas por los organismos competentes.
La discusión legislativa abre una tensión entre dos enfoques regulatorios: por un lado, quienes promueven un esquema más rígido para todo el mercado, con mayores controles sobre publicidad, medios de pago y sistemas de verificación de identidad; por el otro, quienes sostienen que el eje debe estar en combatir la oferta informal que opera fuera de cualquier marco tributario o de prevención del juego problemático.
El proyecto que el Poder Ejecutivo envió al Congreso en mayo apunta principalmente a ese segundo objetivo. La iniciativa prevé penas de tres a seis años de prisión para quienes organicen o exploten sistemas de apuestas sin autorización, así como sanciones de dos a cuatro años para aquellas personas o empresas que presten servicios financieros, tecnológicos, publicitarios o digitales esenciales sabiendo que se trata de un operador ilegal. También contempla el bloqueo de dominios y restricciones a las operaciones financieras de las plataformas no habilitadas.
A diferencia de la media sanción aprobada por la Cámara de Diputados en 2024, el texto del Gobierno hace hincapié en impedir el acceso de menores de edad y en limitar la publicidad dirigida a ese público o asociada al éxito económico, laboral o social. Sin embargo, no establece una prohibición total de anuncios ni de patrocinios deportivos, un punto clave para las empresas del sector y también para clubes e instituciones que reciben ingresos por sponsoreo.
Medias sanciones en tensión y mercado informal bajo la lupa
La media sanción de Diputados —que caduca este año si no se completa el trámite parlamentario— introduce un esquema más estricto: limita la publicidad, la promoción y el patrocinio de las casas de apuestas, incorpora mecanismos obligatorios de verificación de identidad, crea un régimen de autoexclusión para personas con juego problemático y fija restricciones a los medios de pago que se pueden utilizar para apostar. Desde el sector privado advierten que ese modelo podría desplazar a parte de los usuarios hacia sitios no regulados.
Según reconstruyó el diario El Cronista, en el oficialismo hay preocupación por el alto nivel de informalidad del mercado y por la dificultad práctica de aplicar una regulación compleja sobre operadores que no tienen licencia ni presencia formal en el país. En ese contexto, algunas fuentes mencionan que hasta el 85% de la actividad se canalizaría por vías informales, aunque reconocen que se trata de una estimación preliminar que todavía requiere verificación metodológica y estadística antes de ser tomada como un dato firme.
El debate no se limita al ámbito nacional. En la provincia de Buenos Aires, los diputados de Fuerza Patria Facundo Tignanelli y Micaela Olivetto impulsan un proyecto que avanza con mayores exigencias para la industria. La propuesta incluye la eliminación de bonos de bienvenida y programas de fidelización, herramientas específicas para bloquear sitios ilegales, un gravamen equivalente al 100% del gasto publicitario de las casas de apuestas destinado a políticas de salud mental y un aporte sobre los premios para financiar clubes e instituciones sociales.
En el centro de la discusión aparece el desafío de equilibrar la recaudación fiscal, la protección de las personas en situación de vulnerabilidad y el combate a un mercado informal que, de acuerdo con estimaciones oficiales, podría concentrar la mayor parte de las apuestas.
En las próximas semanas, el Senado deberá definir si avanza con el texto impulsado por el Ejecutivo, si retoma la media sanción de Diputados o si elabora un dictamen de consenso que combine restricciones más duras con mecanismos eficaces para perseguir a los operadores ilegales. El resultado tendrá impacto directo sobre la matriz de financiamiento de clubes, ligas deportivas y campañas publicitarias, así como sobre la forma en que se regula el acceso al juego online en todo el país.
