Está señalado de encabezar una asociación ilícita dedicada al lavado de dinero y la evasión. El detrimento fiscal de las maniobras por las que está acusado supera los 12.700 millones de pesos.
El juez federal de Lomas de Zamora, Tomás Rodríguez Ponte, ordenó detener a Ariel Vallejo, dueño de la financiera Sur Finanzas – que es allegada a la AFA -, por lavado de dinero.
Según consignó La Nación, el magistrado entendió que Vallejo mintió sobre su domicilio y no se presentó en el juzgado como debía hacerlo todos los meses. Además, corroboró “riesgos procesales concretos”.
En consecuencia, Rodríguez Ponte revocó la excarcelación del empresario por incumplir las reglas de su libertad.
En la misma resolución, el juez amplió las imputaciones contra la madre del empresario, Graciela Beatriz Vallejo, y contra el resto de los acusados.
Los hechos por los que se lo imputa
Tomás Rodríguez Ponte le había otorgado la libertad a Vallejo, aunque le puso tres condiciones: presentarse los primeros días de cada mes en el Departamento de Investigaciones Especiales de la Policía Federal, mantener actualizado su domicilio y poner a disposición del juzgado los vehículos que se le habían entregado como depositario judicial. Según el juez, no cumplió ninguna. Pero el imputado no solo que no asistió mensualmente, sino que tampoco entregó los rodados secuestrados y otros los devolvió fuera de término.
La acusación empeoró cuando personal de la Justicia se dirigió hacia el barrio cerrado donde residía, pero el encargado de seguridad les informó que hacía tiempo ya no vivía allí. Luego, el imputado se presentó a la policía y dijo que su domicilio era Saltalamachia 820, en Banfield, dato que ratificó su madre, pero cuando realizaron visitas posteriores no fue encontrado en esa dirección.
Por tal motivo, el juez sostuvo que no puede saber fehacientemente dónde vive el imputado. “Esas omisiones no son meros descuidos formales”, redactó.
Sumó además otros argumentos: los nuevos hechos lo señalan como jefe de la organización y principal beneficiario de los fondos, la pena que puede recibir no admite condena en suspenso y tiene vínculos con sociedades y bienes registrados a nombre de terceros.
Durante el curso del proceso, el magistrado pudo constatar también que vendió una Ferrari a nombre de una de sus empresas.
Ante todas esas irregularidades, Ariel Vallejo debía estar incomunicado hasta que se ampliara la indagatoria. Cabe resaltar que se le imputan asociación ilícita como jefe u organizador, lavado de activos agravado por la habitualidad y por haber sido cometido por miembros de una asociación, y evasión tributaria.
Los últimos descubrimientos que realizó la Justicia es la compra de una casa en el barrio cerrado Saint Thomas Este Country Club, de Canning, por US$500.000 pagados en efectivo. Según indicó Vallejo, ala adquirió junto con otra persona, pero la declaró ante el fisco por apenas 50 millones de pesos.
El juez Rodríguez Ponte también le atribuye préstamos con garantía hipotecaria entregados en efectivo por 100.000 dólares en septiembre de 2022, 65.000 dólares en junio de 2023 y otro por 13,8 millones de pesos en marzo de 2022.
“Compensación de saldos” fue el argumento que dio el empresario al declarar sus bienes a fines del 2023 por un total de 1010 millones de pesos en efectivo.
Sin embargo, el 28 de diciembre de ese mismo año constituyó un plazo fijo de 100 millones de pesos en la Mutual del Agro, la Industria y el Comercio de Santa Fe, que no declaró. En 2022, además, había declarado una deuda de 99 millones de pesos con su madre que, según el juzgado, no existía.
La mayor parte de su patrimonio quedó a nombre de Cluster Palace Beach SA, una sociedad sin cuentas bancarias ni ventas significativas. El 90% de esa cpmañóa pertenece a Graciela Vallejo y la preside Bárbara Denise Sena Argis. A través de esa empresa se compraron seis unidades en Coronel Samuel Spiro 662, en Adrogué, por 600.000 dólares en efectivo.
La sociedad también consiguió un lote en Fincas de San Vicente por 400.000 dólares, cuyo saldo de 370.000 dólares pagó en efectivo en diez cuotas mensuales hasta levantar la hipoteca, en agosto de 2025.
Por otro lado, adquirió una camioneta Mercedes-AMG GLE 53 por 79 millones de pesos a principios del 2024 y la vendió nueve meses después por 180 millones de pesos.
También compró una Ferrari California, cuyo pago se justificó con una carta oferta de Graciela Vallejo por 260 millones de pesos y una certificación contable de origen de fondos.
El tribunal dejó al descubierto también cómo fabricaron y componían los contratos y documentación falsa: mutuos de redacción idéntica, contratos sin firma del acreedor, deudas inexistentes, cartas oferta entre partes vinculadas y certificaciones contables.
Movimientos sospechosos
Sur Finanzas registró 336,5 millones de pesos a nombre de Graciela Vallejo y que, según el juez, no era dinero aportado por ella, sino la suma de importes de otras sociedades.
Para el juzgado, el dinero salió de la agencia Centro de Inversiones Concordia, cuyas cuotas fueron cedidas el 31 de agosto de 2020 a Graciela Vallejo, Silvia Torrado y el propio Vallejo.
Según la resolución, la agencia compraba y vendía dólares con otras casas de cambio por fuera de las normas, a nombre propio, de las sociedades del grupo o de clientes que no intervenían realmente, y los derivaba al mercado paralelo. Esa actividad la continuó luego Ars Cambios.
El mecanismo, según la resolución, funcionaba como una rueda de traspasos de dinero de mano en mano.
El dinero entraba por transferencias fraccionadas de diversas personas y por depósitos de efectivo que hacían empleados. También llegaba efectivo de agencias de cambio, que se registraba como “ingreso efectivo por gestión billetera”.
Luego se acreditaba en cuentas de personas sin capacidad económica, de empleados o de usuarios creados con correos electrónicos en serie, y desde allí se transfería o se retiraba en efectivo sin registro de quién lo hacía.
Cuando un banco cerraba una cuenta, la operatoria seguía en otra. Seis usuarios no inscriptos o monotributistas movieron cada uno más de 7000 millones de pesos, y uno de ellos superó los 39.000 millones de pesos. Eran testaferros.
Entre los nuevos imputados está Jonathan Leonardo Ledesma, empleado del grupo, monotributista de la categoría más baja y beneficiario de la AUH, por cuya cuenta en la billetera circularon 7285 millones de pesos.
