La Justicia bonaerense impuso sanciones económicas para dos exfuncionarios del Hospital Municipal José María Gomendio de Ramallo, tras detectar deficiencias administrativas en la rendición de cuentas correspondiente al ejercicio 2023. La medida alcanza a la extesorera Gabriela Acuña y al excontador Germán Mauri.
El Tribunal de Cuentas de la provincia de Buenos Aires confirmó sanciones económicas por un total de $770.000 contra el contador y la tesorera del Hospital Municipal José María Gomendio de Ramallo, tras detectar deficiencias administrativas en la rendición de cuentas correspondiente al ejercicio 2023. La resolución, fechada el 24 de septiembre de 2026, mantuvo las responsabilidades por fallas en los registros contables, las conciliaciones bancarias y el control del patrimonio del establecimiento.
Las sanciones alcanzaron a la tesorera Graciela Luján Acuña, con una multa de $300.000, y al contador Germán Eusebio Mauri, cuya penalidad quedó establecida en $470.000. En este último caso, el monto original era de $500.000, pero el organismo resolvió reducirlo en $30.000 luego de que el funcionario presentara documentación que permitió aclarar observaciones relacionadas con el inventario de equipamiento médico.
El expediente corresponde al ejercicio 2023, último año de la gestión del exintendente Gustavo Perié, de Juntos por el Cambio, quien dejó el cargo el 10 de diciembre de ese año, cuando asumió Mauro Poletti, de Unión por la Patria. Parte de las observaciones se vinculaba con movimientos contables pendientes de ejercicios anteriores, mientras que algunas regularizaciones se concretaron durante 2024.
Entre los principales cuestionamientos, el Tribunal detectó inconsistencias en las conciliaciones bancarias, documentación presentada fuera de término y partidas que permanecían pendientes de resolución. En la cuenta de fondos ordinarios se observaron depósitos registrados en el Libro Bancos por más de $10,8 millones, débitos bancarios por aproximadamente $5,1 millones, créditos por $1,5 millones y comprobantes de pago por más de $14,4 millones. En la cuenta de terceros también se registraron depósitos observados por unos $3,5 millones.
Esos importes corresponden a movimientos sujetos a conciliación y no representan dinero faltante confirmado por el organismo. Si bien algunos registros fueron aclarados posteriormente, el Tribunal cuestionó los procedimientos utilizados y señaló deficiencias en los mecanismos de control interno.
Las observaciones también alcanzaron al inventario del hospital. Durante una inspección se encontraron equipos médicos en funcionamiento que no estaban incorporados correctamente a los registros patrimoniales, entre ellos un respirador, una incubadora, una servocuna, una centrífuga, heladeras y un freezer. La documentación presentada por Mauri permitió subsanar ese punto y contribuyó a la reducción de su multa. Sin embargo, persistieron otros cuestionamientos, como la falta de documentación sobre la designación de responsables de las unidades de registro patrimonial.
Aunque determinadas operaciones fueron regularizadas y no se acreditó un perjuicio económico para el municipio en esos casos, el Tribunal mantuvo las sanciones por las deficiencias administrativas detectadas. La resolución establece responsabilidades vinculadas con la rendición de cuentas del hospital, pero no implica que se haya comprobado un faltante de fondos ni la comisión de un delito penal.
