Traslado ordenado y fuerte rechazo de la familia
NewsITe
La situación judicial y médica del ciudadano ruso Konstantin Rudnev, imputado por presunta trata de personas en Bariloche, abrió un nuevo frente de conflicto. El juez federal de garantías Leandro Gómez Constén ordenó su traslado e internación urgente en el Hospital Fernández de la Ciudad de Buenos Aires, medida que la defensa y la esposa del acusado consideran riesgosa para su salud y contraria a indicaciones médicas recientes.
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La resolución, dictada el 13 de octubre, se apoyó en un informe del Cuerpo Médico Forense del 8 de octubre. Ese documento concluyó que Rudnev no está en condiciones físicas de permanecer en un establecimiento penitenciario y que la vivienda de San Vicente, donde cumple arresto domiciliario, tampoco resulta adecuada para su delicado cuadro clínico. Los peritos recomendaron una internación en un hospital público de alta complejidad para completar estudios neurológicos, cardiovasculares y respiratorios.
Sin embargo, la esposa de Rudnev, Tamara Rudneva, y su abogado defensor, Martín Luis Sarubbi, cuestionan que se haya dispuesto un traslado urgente sin ponderar adecuadamente informes médicos posteriores. Según la defensa, especialistas que siguen su evolución advirtieron que movilizarlo podría agravar sus síntomas y que, en este momento, el traslado estaría contraindicado. Plantean además que Rudnev recibe seguimiento médico permanente en su domicilio y ya fue internado en varias oportunidades para estudios e intervenciones.
Choque entre el criterio del juez y la defensa
El conflicto exhibe una tensión creciente entre el Ministerio Público Fiscal, encabezado en este expediente por el fiscal federal Fernando Arrigo, y la defensa. La resolución del juez Gómez Constén también incluyó una presentación del fiscal Gustavo Révora, quien pidió avanzar con la internación en un hospital de alta complejidad para garantizar una evaluación diagnóstica integral. La esposa del imputado sostiene, en cambio, que la decisión se tomó a pedido de la Fiscalía, sin una discusión previa con la defensa y sin escuchar al abogado antes de dictar una medida de semejante impacto.
En su escrito ante la Oficina Judicial de General Roca, Sarubbi anunció que interpondrá un recurso de queja ante la instancia superior y pidió suspender el traslado hasta que la resolución quede firme, invocando el efecto suspensivo previsto en el Código Procesal Penal Federal. La defensa adjuntó documentación médica que describe un cuadro de extrema fragilidad, con compromiso neurológico, funcional y cognitivo, además de antecedentes cardiovasculares y severas dificultades para la movilidad sin asistencia.
Uno de esos informes advierte que los traslados pueden desencadenar dolor intenso, descompensaciones y un agravamiento de la sintomatología, por lo que recomienda reposo, reducción del estrés, acompañamiento permanente y continuidad del tratamiento bajo supervisión médica. En este marco, la defensa insiste en que se autorice la continuidad de estudios y tratamientos en la Clínica Monte Grande, donde Rudnev fue operado y se conserva su historia clínica.
Debate por el lugar de atención y la duración de la internación
La negativa judicial a permitir que los estudios se realicen en la clínica privada elegida por la familia es otro eje de la controversia. Rudneva afirma que resulta “incomprensible” que no se autorice la internación en un centro donde los profesionales conocen en detalle la evolución del paciente. El magistrado argumentó que sigue la recomendación del Cuerpo Médico Forense de recurrir a un hospital público de alta complejidad y la necesidad de una evaluación interdisciplinaria en el ámbito estatal.
Las actuaciones de la Policía Federal Argentina agregan más incertidumbre: según consta en el expediente, el Hospital Fernández informó problemas de disponibilidad de camas y limitaciones para brindar la atención requerida. Ante esa situación, el juzgado ordenó evaluar alternativas en otros hospitales públicos de alta complejidad, aunque la familia advierte que no hay garantías claras de que esas instituciones cuenten con todos los recursos necesarios.
- El Cuerpo Médico Forense recomendó internación en hospital público de alta complejidad.
- La defensa reclama respetar informes posteriores que desaconsejan el traslado.
- La familia pide continuar la atención en una clínica privada donde ya fue tratado.
- El juez ordenó custodia de la Policía Federal y la asistencia de intérprete de ruso.
“Tenemos la impresión de que podría existir un acuerdo indebido entre los fiscales y el juez, ya que la actuación del juez genera serias dudas sobre su imparcialidad”, afirmó Tamara Rudneva, quien reclamó que se revise la actuación de los funcionarios intervinientes.
La resolución prevé que el hospital informe al tribunal, dentro de las 72 horas del ingreso, el plan diagnóstico y terapéutico, y luego actualice cada diez días la evolución del paciente. Aunque el fallo aclara que el traslado no modifica la medida de coerción vigente y que la situación de alojamiento será definida por la Cámara Federal de Casación Penal, la ausencia de un plazo concreto para la internación alimenta los temores de la familia a una permanencia prolongada bajo custodia. El caso suma así un capítulo más a la delicada combinación de cuestiones penales, sanitarias y de garantías procesales que rodean a Rudnev.
