Abuso infantil y 13 años de fuga: el caso que llega a la Corte

La Suprema Corte bonaerense analizará un caso clave de abuso infantil

Fachada de un edificio judicial en la provincia de Buenos Aires

NewsITe

Un caso de abuso sexual infantil ocurrido en La Plata vuelve a poner bajo la lupa el funcionamiento del sistema judicial bonaerense. Tras 13 años de fuga, un hombre imputado por abusar de su hija fue ubicado y detenido, pero recuperó la libertad a los cuatro días porque los tribunales consideraron que la causa había prescripto. Ahora, será la Suprema Corte de Justicia de la provincia de Buenos Aires la que defina si el imputado puede ser juzgado.

La denunciante, Florencia Montes de Oca, contó cuando tenía 14 años que había sido abusada sexualmente por su padre biológico desde los seis hasta los doce años. La denuncia se radicó en febrero de 2009 en la DDI de La Plata. Aquella misma noche, el acusado, Jorge Osmar Montes de Oca, se fue de la casa en su camioneta y no se supo nada más de él durante más de una década.

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Sobre el hombre pesó un pedido de captura nacional e internacional por el delito de abuso sexual con acceso carnal agravado por el vínculo. Sin embargo, pese a esa orden, la investigación permaneció prácticamente inmóvil durante años en la UFI N° 7 de La Plata, a cargo de la fiscal Virginia Bravo, según cuestionan los abogados de la víctima.

Búsqueda privada y hallazgo en pocos días

Ante la falta de avances, la mujer se presentó hace tres o cuatro años en el estudio de los penalistas Jennifer Salaberry y Lautaro Slpizer, quienes comenzaron a impulsar la causa como representantes de la particular damnificada. Según relataron, una vez reactivado el expediente, el imputado pudo ser localizado en apenas quince o dieciséis días.

La pista surgió a partir del mensaje de un testigo que se comunicó con la víctima vía Facebook y le informó que el hombre vivía en la provincia de San Luis. De acuerdo con el entorno de la denunciante, el acusado se movía con documentación falsa y habría montado comercios de calzado en esa jurisdicción.

Con esos datos, la Policía Federal concretó la detención. No obstante, el acusado solo estuvo preso cuatro días: recuperó la libertad luego de que su defensa presentara un hábeas corpus sosteniendo que la acción penal estaba extinguida por prescripción, es decir, por el paso del tiempo sin una condena.

Fallos divididos y discusión sobre los tratados internacionales

El juzgado de primera instancia declaró prescripta la causa y dio por extinguida la acción penal. Esa postura fue confirmada por la Sala I de la Cámara de Apelación y Garantías en lo Penal de La Plata el 18 de diciembre de 2024, aunque con un voto minoritario que advertía la necesidad de analizar el caso a la luz de los tratados internacionales de protección de la niñez.

La querella intentó que el Tribunal de Casación Penal revisara el expediente, pero su recurso fue declarado inadmisible y la Sala III rechazó la queja el 25 de junio de 2026. Ante ese nuevo revés, la defensa de la víctima presentó un recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley para que intervenga la Suprema Corte bonaerense.

El 6 de octubre pasado, la Sala III de Casación, con las firmas de los jueces Ricardo Borinsky y Daniel Carral, hizo lugar parcialmente a ese planteo y remitió el expediente al máximo tribunal provincial. Casación habilitó la revisión en un punto central: determinar si los jueces que intervinieron antes omitieron aplicar normas internacionales con jerarquía constitucional que protegen a niñas y adolescentes víctimas de violencia sexual.

  • Convención sobre los Derechos del Niño
  • Convención Americana sobre Derechos Humanos
  • Convención de Belém do Pará, sobre la violencia contra la mujer

La querella sostiene que la prescripción se aplicó de manera “estrictamente formal”, sin perspectiva de niñez ni de género, y que la demora del Estado en detener al acusado no puede jugar a favor de la impunidad.

Mientras la Suprema Corte bonaerense se prepara para intervenir, el caso se convirtió en emblema de las deudas del sistema judicial con las víctimas de abuso sexual infantil y reabre el debate sobre cómo se computan los plazos de prescripción cuando las denunciantes son niñas o adolescentes sometidas a violencia intrafamiliar.

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