Malestar interno por la nueva ola de retiros en el Estado nacional
NewsITe
El lanzamiento de un nuevo régimen de retiro voluntario para empleados públicos reavivó la tensión dentro del propio Gobierno nacional. Si bien la reducción del gasto en personal estatal fue una de las banderas centrales de la gestión de Javier Milei, el ajuste profundo aplicado desde diciembre de 2023 empezó a mostrar sus costos internos: faltante de personal, demora en trámites y creciente malestar entre funcionarios de alto rango que cuestionan la continuidad de los recortes.
De acuerdo con fuentes oficiales citadas por la Agencia Noticias Argentinas, en los primeros meses de gestión existía consenso puertas adentro sobre la necesidad de avanzar con despidos y cesantías. Los anuncios del entonces vocero presidencial, Manuel Adorni, eran defendidos como parte del “plan motosierra” para achicar el Estado. Sin embargo, con el correr de los meses esa postura se fue matizando a medida que los ministerios comenzaron a registrar dificultades operativas para cumplir con las tareas básicas de la administración pública.
La combinación de despidos, no renovación de contratos y congelamiento salarial impactó de lleno en las áreas técnicas y administrativas. Una funcionaria del Ministerio de Relaciones Exteriores, que finalmente renunció para regresar al sector privado, sintetizó el clima interno con una frase que recorre distintos despachos: “No se le puede exigir a la gente con sueldos de pobreza”. Según admiten en privado referentes del oficialismo, el deterioro salarial complica la retención de personal calificado y el ingreso de nuevos profesionales.
En este contexto, el nuevo régimen de retiro voluntario fue recibido con fuertes reparos por varios sectores del propio Gobierno. Dirigentes y funcionarios alineados con la gestión señalan que, lejos de resolver problemas, la medida puede profundizar vacancias estructurales y paralizar aún más áreas sensibles. Las miradas se dirigen al ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, señalado como el principal ideólogo de la estrategia de reducción drástica del empleo público.
Un Estado más chico: cifras y alcance del nuevo decreto
De acuerdo con relevamientos del INDEC, la dotación de la administración pública nacional, empresas y sociedades estatales descendió a 269.025 personas hacia agosto de 2026. En términos prácticos, implica una reducción acumulada de más de 74.000 puestos desde el inicio del actual Gobierno en diciembre de 2023, uno de los ajustes más profundos registrados en poco tiempo sobre la estructura estatal.
Lejos de dar por concluida esa etapa, el oficialismo avanzó con un nuevo paso. A través del Decreto 1203/2026, publicado este lunes en el Boletín Oficial y firmado por el presidente Javier Milei, el jefe de Gabinete Diego Santilli y el propio Sturzenegger, se aprobó el “Régimen de Retiro Voluntario”. La medida está dirigida al personal de planta permanente alcanzado por la Ley 25.164 y también a trabajadores contratados bajo la modalidad de contratos por tiempo indeterminado, configurando así un universo amplio de potenciales adherentes.
El decreto establece que la Autoridad de Aplicación será la Secretaría de Transformación del Estado y Función Pública, dependiente del Ministerio de Desregulación y Transformación del Estado. Este organismo tendrá la facultad de fijar, por única vez, una prórroga del plazo de adhesión de hasta 30 días corridos y de dictar las normas complementarias, aclaratorias e interpretativas necesarias para el funcionamiento del régimen.
Impacto en áreas clave y críticas internas al rumbo del ajuste
Uno de los puntos centrales del texto oficial indica que todas las jurisdicciones alcanzadas por el régimen deberán eliminar los cargos presupuestarios correspondientes al personal que se adhiera, a partir del momento en que se produzca el cese del vínculo laboral. Esto implica que cada retiro voluntario se traducirá en un recorte permanente de la planta, y no en una simple reconfiguración interna de funciones, consolidando un Estado más chico en el mediano y largo plazo.
- Más de 74.000 puestos menos desde diciembre de 2023, según datos del INDEC.
- Un nuevo decreto que habilita retiros voluntarios para personal de planta y contratados.
- Críticas internas que alertan por la pérdida de capacidades técnicas y operativas.
- La Secretaría de Transformación del Estado será la encargada de instrumentar el régimen.
“Las jurisdicciones alcanzadas por el Régimen de Retiro Voluntario deberán arbitrar las medidas necesarias para la eliminación de los cargos presupuestarios correspondientes al personal que acceda al mismo”, señala el decreto publicado en el Boletín Oficial.
Mientras el Gobierno insiste en que el ajuste sobre el empleo público es indispensable para ordenar las cuentas fiscales, distintos sectores dentro y fuera de la administración advierten por el impacto en la calidad de los servicios y en el funcionamiento cotidiano del Estado. La discusión, lejos de saldarse, promete seguir generando ruido político y resistencia interna en los próximos meses.
