La Justicia cerró definitivamente la investigación por el préstamo del FMI

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La Cámara Federal de Casación Penal dejó firme el archivo de la causa que investigaba el préstamo por más de US$ 57.000 millones otorgado por el Fondo Monetario Internacional (FMI) a la Argentina en 2018, durante el gobierno de Mauricio Macri. De este modo, quedó definitivamente cerrada la pesquisa que tenía como imputados al ex presidente y a los ex funcionarios Federico Sturzenegger, Luis Caputo y Nicolás Dujovne, entre otros.
El pronunciamiento fue firmado por los jueces Javier Carbajo, Gustavo Hornos y Mariano Borinsky, integrantes de la Sala IV de Casación, quienes rechazaron el recurso presentado por el Ministerio Público Fiscal. La investigación apuntaba a determinar si el entendimiento con el organismo internacional había sido utilizado para facilitar la fuga de divisas al exterior en perjuicio del Estado argentino.
La causa había sido archivada en febrero de este año por el Juzgado Federal N° 5. Posteriormente, la Cámara Federal confirmó aquella decisión y ahora Casación, máxima instancia penal del país antes de la Corte Suprema, cerró toda posibilidad de una nueva revisión, salvo que el caso llegue al máximo tribunal.
En su dictamen, el fiscal general ante Casación, Raúl Omar Pleé, sostuvo que tras cinco años de investigación no se logró sostener ninguna hipótesis delictiva concreta. Según se desprende del fallo, Pleé remarcó que las sospechas originalmente planteadas por la fiscalía de instrucción no se apoyaban en inferencias lógicas derivadas de las constancias del expediente ni en propuestas de medidas de prueba específicas que permitieran avanzar en otra dirección.
Argumentos del fiscal y alcance político del caso
El representante del Ministerio Público subrayó que, más allá de las discusiones públicas sobre la conveniencia o no del acuerdo con el FMI, en el expediente no se indicó una infracción determinada en la aplicación de los fondos, sino un cuestionamiento general a la política económica adoptada por el gobierno de entonces. En ese sentido, Pleé consideró que lo que permanecía en pie era, fundamentalmente, una discrepancia con un modelo económico, algo que no configura por sí mismo un delito penal.
La denuncia original buscaba establecer si el megapréstamo había sido utilizado para sostener la salida de capitales del país, presuntamente favoreciendo a sectores financieros y grandes operadores del mercado. Sin embargo, para los tribunales intervinientes no se acreditó una conducta individualizada que permitiera imputar delitos a los ex funcionarios investigados.
El cierre definitivo de la causa se da en un contexto en el que el endeudamiento con el FMI y sus consecuencias económicas continúan siendo eje del debate político y económico en la Argentina. Mientras sectores opositores celebran la decisión judicial como una convalidación de la legalidad del acuerdo, dirigentes oficialistas y referentes críticos del organismo insisten en cuestionar el impacto social del programa y reclaman que se avance por otras vías de investigación o auditoría sobre el uso de esos recursos.
“No se ha podido fundamentar ninguna hipótesis delictiva concreta, de modo que lo único que queda en pie de esta acusación es el desacuerdo con un modelo económico determinado”, señaló el fiscal Raúl Pleé en el fallo que dejó firme el archivo.
Con la resolución de Casación, la causa penal por el préstamo del FMI queda, en los hechos, clausurada en el fuero federal. El futuro de la discusión sobre el acuerdo, su renegociación y su impacto quedará ahora principalmente en el terreno político, económico e institucional, tanto en el Congreso como en el diálogo entre el Poder Ejecutivo y el organismo internacional.

