Productores denunciaron a Hernán Casciari por presunta estafa
NewsITe
Un conflicto judicial sacude al universo cultural independiente. Un grupo de 18 socios productores que invirtieron en proyectos de Orsai Audiovisuales denunció penalmente al escritor y editor Hernán Casciari por presunta estafa y administración fraudulenta. La causa tramita en el Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional N.º 34, con intervención de la Fiscalía N.º 16, y se centra en la forma en que se habrían gestionado los fondos aportados para financiar películas y series.
Según consta en la presentación judicial, los inversores habrían aportado montos que van desde los 50 hasta los 3.000 dólares, con la expectativa de obtener retornos significativos derivados de la explotación comercial de distintos proyectos audiovisuales. Sin embargo, siempre de acuerdo con la denuncia, las ganancias resultaron nulas o muy inferiores a lo prometido, lo que derivó en reclamos formales y, finalmente, en la vía penal.
De acuerdo con la información conocida por Agencia Noticias Argentinas (NA), en algunos casos los retornos no habrían superado el 3% del capital invertido, mientras que otros productores afirman no haber recuperado ni un solo dólar. Los denunciantes sostienen que las proyecciones de rentabilidad que se difundieron al momento de la convocatoria generaron expectativas que luego no se condijeron con la realidad del negocio.
La respuesta de Casciari: descargo público y admisión de errores
Frente al avance de la causa, Casciari difundió en las últimas horas un video en el que rechazó de plano cualquier maniobra delictiva. El escritor afirmó que no se trató de una estafa, sino de un proyecto autogestivo con falencias en la gestión. “Una persona que estafa, o un proyecto que estafa a otras personas, actúa con premeditación. Es absolutamente ridículo que yo, o cualquier persona que trabaje en Orsai, nos hayamos levantado una mañana con la intención de estafar gente”, declaró.
En el mismo mensaje, mostró un código QR que, según explicó, permite acceder al detalle de los gastos, pagos y facturas “una por una” de los proyectos culturales ahora cuestionados, vinculados con Orsai Audiovisuales. Se trataría de emprendimientos desarrollados entre 2021 y 2024/2025, en el marco del modelo cooperativo que la comunidad Orsai viene impulsando desde hace años para producir contenidos sin el respaldo de grandes estructuras empresariales.
Casciari admitió que dentro de los “siete u ocho proyectos” que Orsai mantiene en funcionamiento simultáneo hubo uno que no alcanzó el resultado esperado, lo que generó una fuerte decepción entre parte de los inversores. “Son personas que de verdad se sienten decepcionadas y frustradas porque esperaban otra cosa de un proyecto. Pero en ningún caso hubo una estafa ni un fraude”, lamentó, al tiempo que aseguró estar pidiendo disculpas en forma personal a quienes se consideraron perjudicados.
Autogestión en debate y futuro de la causa
En su descargo, el escritor marcó con énfasis la diferencia entre mala gestión y delito penal. “Entiendo perfectamente esa decepción y esa frustración, pero bajo ningún concepto acepto que se hable de estafa, de fraude o de método Ponzi, ni que se utilice ninguna de las otras expresiones que se están empleando para referirse a Orsai. Orsai no hace eso. Nunca jamás en la vida hicimos algo así y jamás vamos a hacer semejante cosa”, remarcó.
El caso vuelve a poner bajo la lupa los modelos de financiación colectiva y producción autogestiva en el ámbito cultural argentino. La discusión sobre los riesgos económicos, la transparencia en la administración y la forma en que se comunican las proyecciones de rentabilidad promete continuar mientras la Justicia avanza en la evaluación de pruebas y testimonios. Por el momento, la investigación penal se encuentra en etapa inicial y será el Poder Judicial el que defina si los hechos denunciados encuadran o no en figuras delictivas.
Casciari insiste en que el conflicto responde a un proyecto fallido y errores de gestión, mientras que los productores reclaman explicaciones por inversiones que, en algunos casos, no se recuperaron.
Mientras tanto, el debate sobre los límites y responsabilidades en los proyectos culturales colaborativos se instala en la agenda pública, a la espera de definiciones judiciales y de eventuales mecanismos que aporten mayor claridad a futuros esquemas de inversión.
