La Provincia avanza con una denuncia penal por el uso del Fondo Hídrico
NewsITe
El gobierno de la provincia de Buenos Aires, encabezado por Axel Kicillof, anunció que presentará una denuncia penal contra el presidente Javier Milei, el ministro de Economía, Luis Caputo, y otros funcionarios nacionales por el presunto desvío y la falta de ejecución de fondos destinados a obras de infraestructura hídrica para prevenir inundaciones.
El anuncio fue realizado en La Plata por el ministro de Infraestructura bonaerense, Gabriel Katopodis, quien acusó a la administración nacional de utilizar apenas uno de cada tres pesos del Fondo Hídrico de Infraestructura, nutrido con un porcentaje de los impuestos a los combustibles. Según el funcionario, el fondo acumula un saldo cercano a los 340 mil millones de pesos que no estaría siendo aplicado a las obras hidráulicas para las que fue creado.
Katopodis señaló que, de acuerdo con los registros oficiales, esos recursos habrían sido orientados prioritariamente a operaciones financieras y no a proyectos de defensa contra inundaciones, canales, reservorios y mejoras en cuencas críticas. Desde la Provincia sostienen que esto podría configurar los delitos de malversación de caudales públicos e incumplimiento de los deberes de funcionario público.
El impacto del fenómeno de El Niño y la preocupación por las lluvias
La denuncia se enmarca en un contexto climático complejo. El ministro advirtió que la persistencia del fenómeno de El Niño, asociado a precipitaciones intensas, podría agravar la vulnerabilidad de distintas regiones bonaerenses en las próximas semanas y meses. “Vamos a tener que afrontar una situación muy pero muy grave si estos recursos no se vuelcan en obras concretas”, alertó.
En ese sentido, Katopodis remarcó que las obras hidráulicas funcionan como una herramienta clave para mitigar el impacto de las crecidas de ríos y arroyos, y para reducir los anegamientos en áreas urbanas y rurales. La falta de ejecución de los fondos, sostuvo, deja a la Provincia con menor capacidad de respuesta ante eventos extremos que ya se registraron en años anteriores.
Créditos internacionales trabados y obras prioritarias
Además del reclamo por el Fondo Hídrico, la gestión bonaerense cuestionó que el Gobierno nacional no haya otorgado aún el aval para una serie de créditos internacionales destinados a proyectos de infraestructura hídrica. Mientras otras diez provincias consiguieron la aprobación de 18 préstamos por cerca de 1.973 millones de dólares, Buenos Aires continúa a la espera de autorizaciones para iniciativas consideradas estratégicas.
Entre las obras mencionadas se encuentran intervenciones en las cuencas San Francisco–Las Piedras y en el río Salado, así como un crédito del Banco Mundial por 200 millones de dólares pensado específicamente para tareas de prevención de inundaciones. Según Katopodis, la falta de gestión y de firma de estos convenios frena trabajos que llevan años de planificación y que apuntan a proteger tanto a centros urbanos como a áreas productivas.
Tarifas de AySA, audiencia pública y privatización
En paralelo al frente judicial, el gobierno bonaerense anticipó que participará el 26 de octubre de la audiencia pública convocada por el Estado nacional para analizar los aumentos tarifarios de AySA y el proceso de privatización de la empresa. La Provincia adelantó que se presentará para impugnar los incrementos, que según sus cálculos acumulan subas superiores al 500% en el último tiempo.
- La Provincia cuestiona el impacto de las tarifas en los hogares y comercios.
- Exige garantías de continuidad para las obras de expansión de redes de agua potable y cloacas.
“Queremos denunciar penalmente al presidente de la Nación, al ministro de Economía y a todos los funcionarios que tengan alguna responsabilidad en estos hechos”, sostuvo Gabriel Katopodis durante la conferencia de prensa en La Plata.
Desde la administración bonaerense aseguran que no se oponen a la revisión de subsidios ni al ordenamiento de las cuentas públicas, pero advierten que el freno a las obras hidráulicas y de saneamiento expone a millones de bonaerenses a mayores riesgos de inundación y a un deterioro en el acceso a servicios esenciales. La disputa por los fondos y los créditos internacionales suma así un nuevo capítulo en la tensa relación entre la Casa Rosada y la gobernación de Buenos Aires.
