Un transportista tomó la palabra durante la sesión del Concejo Deliberante en la que se aprobó la ordenanza de tránsito pesado. Cuestionó las sanciones económicas que deben afrontar los trabajadores, reclamó información clara y expuso el malestar del sector frente a las nuevas restricciones.
Un transportista tomó la palabra durante la sesión del Concejo Deliberante en la que se aprobó la ordenanza de tránsito pesado. Cuestionó las sanciones económicas que deben afrontar los trabajadores, reclamó información clara y expuso el malestar del sector frente a las nuevas restricciones.
El debate por el Sistema Integral de Gestión del Tránsito Pesado sumó un nuevo capítulo este jueves en Ramallo, cuando un camionero local intervino durante la sesión del Concejo Deliberante para expresar el cansancio y el enojo de los trabajadores del sector ante las medidas de control, las multas y la falta de precisiones sobre las nuevas disposiciones.
El transportista llegó al recinto acompañado por otros cuatro compañeros con la intención de plantear sus inquietudes y obtener respuestas sobre las condiciones que deberán afrontar para desarrollar su actividad. Su intervención estuvo marcada por un reclamo de respeto hacia los trabajadores y por el impacto económico que, según relató, están teniendo las sanciones.
“Hoy venimos cinco, venimos a hablar bien, quiero que nos traten bien y nosotros vamos a tratar bien a todos, porque tengo respeto porque me educaron de chico, pero tampoco quiero que me falten el respeto”, expresó ante los concejales.
Uno de los episodios que expuso estuvo relacionado con dos camioneros que, según su testimonio, recibieron multas luego de salir de sus lugares de trabajo. De acuerdo con lo manifestado en el recinto, ambos fueron sancionados con $420.000 cada uno, montos que deberían afrontar de sus propios bolsillos porque sus empleadores no se harían cargo del pago.
“A dos compañeros los corrieron, pasando el puente a donde se inunda todo, donde los autos chocaron, hasta ahí para hacerles las boletas a dos camioneros que salieron de lo Berbel, 420.000 pesos cada uno, lo tienen que pagar del bolsillo de ellos, no se les pagan, el patrón no se les paga”, sostuvo.
El relato puso en primer plano una de las principales preocupaciones que atraviesan la discusión por la ordenanza: las consecuencias económicas que pueden tener las restricciones y los controles sobre quienes trabajan diariamente con vehículos de carga. Para los camioneros, las sanciones representan un problema concreto cuando deben responder con sus propios ingresos por infracciones vinculadas con la circulación.
La intervención también dejó expuesto el reclamo de mayor información y claridad sobre los recorridos permitidos, los permisos necesarios y los criterios utilizados para aplicar las multas. La incertidumbre sobre cómo funcionará el sistema alimenta el malestar entre los transportistas, que reclaman conocer con precisión las condiciones que deberán cumplir para evitar nuevas sanciones.
La situación representa un nuevo cuestionamiento a la política municipal de tránsito pesado, en un contexto en el que la ordenanza fue aprobada pese a las objeciones planteadas por sectores de la oposición y las dudas expresadas sobre su implementación.
Mientras el Municipio busca establecer un esquema de circulación y fiscalización para los vehículos de gran porte, los reclamos de los camioneros ponen el foco en la necesidad de garantizar información accesible, criterios claros y respuestas concretas para un sector que advierte sobre el impacto de las medidas en su trabajo cotidiano.
