La Justicia avaló los traslados desde Devoto al penal de Marcos Paz

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El Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional N°60, a cargo del magistrado Santiago Bignone, rechazó un hábeas corpus colectivo presentado para frenar los traslados de personas detenidas desde el Complejo Penitenciario Federal de Villa Devoto hacia el nuevo establecimiento de Marcos Paz. La presentación había sido impulsada por la Procuración Penitenciaria de la Nación en representación de 326 internos alojados en el histórico penal porteño.
La decisión judicial se enmarca en el operativo de relocalización que el Servicio Penitenciario Federal (SPF) lleva adelante como parte del cierre progresivo de la cárcel de Devoto, una medida anunciada hace años y que comenzó a acelerarse en los últimos meses. El juez entendió que no se probó una “afectación colectiva actual” ni un “riesgo cierto e inminente de agravamiento ilegítimo” de las condiciones de detención que justificara intervenir de manera excepcional por la vía del hábeas corpus.
En línea con el dictamen del fiscal Pablo Recchini, titular de la Fiscalía Nacional en lo Criminal y Correccional N°44, Bignone sostuvo que el mero traslado a otra unidad penal no equivale, por sí mismo, a un empeoramiento de la situación de los detenidos. El fiscal había remarcado además que se trata de un operativo masivo y extraordinario, vinculado con el cierre definitivo de un establecimiento penitenciario y no con traslados ordinarios.
Los argumentos del hábeas corpus colectivo
El hábeas corpus colectivo presentado por la Procuración Penitenciaria cuestionaba que los traslados se realizaron sin informar con antelación suficiente a las defensas y a los juzgados intervinientes, lo que implicaría un incumplimiento del Protocolo de Traslado de Personas Privadas de su Libertad del SPF. También alertaba sobre el posible impacto educativo para los internos que cursan estudios universitarios en el Centro Universitario Devoto (CUD), en el marco del programa UBA XXII.
Según la presentación, la mayoría de los afectados pertenecía a los pabellones 50 y 52, donde se concentra un importante número de estudiantes universitarios privados de la libertad. Se planteó que el cambio de unidad podría interrumpir materias, cursadas y exámenes, sumado a eventuales demoras en las salidas transitorias para quienes se encuentran en etapas avanzadas del régimen de progresividad de la pena.
- La Procuración cuestionó la falta de notificación previa de los traslados.
- Se advirtió sobre la continuidad de los estudios universitarios en el CUD.
- Se alegó riesgo de afectación del régimen de progresividad y salidas transitorias.
La respuesta del juez y el caso de los presos emblemáticos
Al resolver, Bignone ponderó los informes del SPF y de las autoridades universitarias, que aseguraron estar trabajando para garantizar la continuidad educativa desde el nuevo complejo. En ese sentido, el magistrado consideró que la mención genérica a un eventual perjuicio en los estudios no basta para demostrar un agravamiento actual de las condiciones de detención cuando existen mecanismos concretos para sostener la actividad académica.
La resolución también abordó planteos individuales. Uno de ellos fue el de Ricardo Castro Madrid, integrante de la llamada “Banda del Fal”, quien se encontraba desde marzo de 2025 en el Período de Prueba del régimen de progresividad y alojado, desde noviembre de ese año, en el pabellón 50 de Devoto, de régimen abierto y de autodisciplina. Su defensa sostuvo que el traslado a Marcos Paz podía repercutir negativamente en las salidas transitorias ya concedidas.
El juez, sin embargo, entendió que no se acreditaron circunstancias que exigieran una intervención urgente por hábeas corpus, por lo que rechazó ese planteo individual. En el caso de Guillermo Antonio “Concheto” Álvarez —condenado a reclusión perpetua por robos agravados, múltiples homicidios y lesiones graves—, la acción fue declarada abstracta, ya que el detenido había sido reintegrado a Devoto por una orden judicial previa.
“No se configura una afectación colectiva actual ni un riesgo cierto e inminente de agravamiento ilegítimo de las condiciones de detención que justifique las medidas generales pretendidas”, sostuvo el juez Bignone en su resolución.
De este modo, la Justicia federal avaló el avance del plan de traslados desde Devoto a Marcos Paz, aunque dejó abierta la puerta a futuras intervenciones ante eventuales casos concretos en los que sí pudiera comprobarse un perjuicio específico en las condiciones de detención de alguna persona privada de la libertad.

