El gobierno británico anunció que utilizará una legislación especial para limitar el efecto de medidas argentinas sobre compañías y ciudadanos vinculados con actividades económicas en las islas. La decisión se conoce en medio de la disputa por el proyecto petrolero Sea Lion y después del reclamo presentado por Argentina ante un tribunal internacional.
Gran Bretaña anunció este martes nuevas medidas para proteger a las empresas que desarrollan actividades económicas en las Islas Malvinas. La decisión profundiza la tensión con la Argentina por la explotación de recursos naturales en el archipiélago.
El gobierno británico informó que recurrirá a la legislación conocida como Protection of Trading Interests. Esa herramienta le permitirá impedir que empresas o ciudadanos británicos cumplan determinadas medidas argentinas que Londres considera extraterritoriales.
La respuesta se conoció después de que Argentina intensificara sus acciones contra compañías vinculadas con la explotación petrolera en las islas. El conflicto se concentra ahora en el proyecto Sea Lion, uno de los desarrollos de hidrocarburos más importantes previstos en la zona.
La advertencia de Londres
En el comunicado oficial, el gobierno británico sostuvo que no permitirá que medidas argentinas afecten lo que considera actividades comerciales legítimas. También anticipó que brindará apoyo a las empresas alcanzadas por sanciones o restricciones.
El canciller Ed Miliband ratificó el respaldo del Reino Unido a los habitantes de las islas y cuestionó las acciones argentinas. Londres insiste en que las decisiones sobre el aprovechamiento de los recursos naturales corresponden al gobierno isleño y a las compañías involucradas.
Argentina rechaza esa posición. El Gobierno sostiene que cualquier explotación de hidrocarburos en el área debe contar con autorización nacional y forma parte del reclamo de soberanía sobre las Malvinas.
El conflicto por Sea Lion
La nueva reacción británica se produce en paralelo al avance del proyecto Sea Lion. La iniciativa contempla la explotación de petróleo en la Cuenca Malvinas Norte y es impulsada por Navitas Petroleum y Rockhopper Exploration.
Argentina presentó un reclamo ante el Tribunal Internacional del Derecho del Mar para intentar frenar el desarrollo. El planteo cuestiona la explotación unilateral de recursos y advierte sobre posibles consecuencias ambientales.
Gran Bretaña, en cambio, autorizó el avance de las perforaciones. Las empresas involucradas prevén comenzar los trabajos durante 2027.
El alcance de las medidas argentinas
El Gobierno argentino viene endureciendo las restricciones sobre compañías que operan en las islas sin autorización nacional. Las medidas incluyen sanciones económicas, limitaciones administrativas y posibles inhabilitaciones para actuar en el país.
Londres busca neutralizar ahora parte de ese esquema. La legislación británica anunciada apunta a impedir que empresas radicadas en el Reino Unido queden condicionadas por decisiones adoptadas desde Argentina.
La disputa suma así un nuevo frente. Al histórico conflicto por la soberanía se agrega una pelea jurídica y económica por la explotación de los recursos del Atlántico Sur.
