Tokenización de regalías: una nueva vía de financiamiento para provincias
NewsITe
El ex juez penal y abogado Daniel Llermanos sostuvo que la tokenización de regalías mineras y otros ingresos públicos podría convertirse en una herramienta clave para que provincias y municipios accedan a nuevas fuentes de financiamiento en un contexto de fuerte ajuste fiscal. La propuesta se enmarca en un proyecto de ley presentado en el Congreso que apunta a crear un régimen específico para la emisión de estos instrumentos financieros.
Según explicó Llermanos, asesor de la firma Oroblock, la iniciativa busca “tomar el rumbo de la emisión de tokens de regalías de activos” vinculados a recursos naturales estratégicos. La idea central es transformar en valores negociables una parte de los flujos futuros de ingresos –como regalías o cánones– sin comprometer la soberanía sobre los recursos ni la propiedad de los bienes públicos.
En esa línea, el abogado remarcó que “no se tokeniza la soberanía, se tokeniza un derecho de cobro de ganancias”. Es decir, lo que se ofrece al mercado es la posibilidad de adquirir un crédito contra futuros ingresos derivados de un proyecto, y no una porción del yacimiento, la mina o el dominio público. Los tokens, precisó, estarían regulados como valores negociables por la Comisión Nacional de Valores (CNV), con aprobación de las provincias y asentados en nodos bajo jurisdicción argentina.
Ventajas y límites del esquema propuesto
Para Llermanos, la principal ventaja de este mecanismo es permitir a las provincias adelantar recursos que, de otro modo, ingresarían recién dentro de varios años. “Tiempo y precio. Una regalía que entra en cinco o diez años no pavimenta la ruta de este año. Tokenizar una parte permite traer ese flujo al presente, fraccionarlo y abrirlo a inversores que hoy no entran a un bono municipal opaco”, argumentó.
No obstante, advirtió que el uso de la herramienta exige transparencia y un diseño cuidadoso de los contratos. Entre las condiciones, mencionó que los municipios deben reconocer que el flujo futuro puede no existir si no hay producción, que los inversores reclamarán información detallada y periódica, y que la opacidad ya no puede ser una práctica de gestión. “Esa última es la que más resistencia genera. Y es, justamente, la que más le sirve al vecino”, subrayó.
Consultado sobre el riesgo de que la tokenización se convierta en una forma de endeudamiento encubierto, Llermanos marcó una línea clara: si se compromete el 100% de las regalías a muy largo plazo, el esquema se asemeja a una deuda tradicional. En cambio, si solo se afecta una fracción del flujo, con prioridad subordinada, disparadores ligados a la producción real y cláusulas de recompra, se trata de financiamiento atado a resultados y no de un pasivo clásico. “La diferencia no es tecnológica. Es de contrato”, remarcó.
El caso Corina en La Rioja y el rol del marco regulatorio
El enfoque de Oroblock se apoya en un caso concreto: la tokenización de derechos económicos asociados al proyecto minero Corina, ubicado en las cercanías de la histórica mina La Mejicana, en La Rioja. De acuerdo con datos de Minerales del NOA S.A., empresa de exploración fundada en 2013, el proyecto abarca 24.647 hectáreas distribuidas en once áreas con expedientes iniciados entre 2022 y 2023. Los minerales de interés son oro, cobre y plata, y el emprendimiento se encuentra en fase de exploración.
Manuel Arias, director financiero de la firma, señaló que están trabajando con provincias y municipios para estructurar esquemas de tokenización de regalías y flujos derivados de bienes del dominio público. Destacó además que, aun sin la sanción definitiva de la ley, el marco regulatorio de la CNV ya permite tokenizar una amplia variedad de activos, susceptibles de ser adquiridos por inversores particulares y fondos de todo el mundo, gracias al “estricto marco legal existente que da certeza de cobro al inversor”.
El geólogo Osvaldo Di Giorgio, también asesor de la empresa, se detuvo en una aclaración clave para disipar temores políticos: “Una cosa es el bien: el yacimiento, la concesión, la obra pública, el inmueble del dominio público. Eso no se vende, no se grava y no se tokeniza. La otra es el flujo: la regalía, la participación, el canon o la ganancia que ese bien ya produce o va a producir”. En sus palabras, el inversor “compra un derecho de cobro, no un pedazo de la provincia”.
Un debate en medio del ajuste sobre las provincias
El proyecto de ley en discusión define a estos tokens como valores negociables bajo control de la CNV, exige un convenio entre Nación y provincia aprobado por las Legislaturas locales y fija un tope del 20% del flujo futuro neto de cada proyecto para evitar un uso excesivo de la herramienta. Paralelamente, la CNV mantiene un régimen experimental de tokenización que admite fideicomisos financieros y fondos comunes de inversión cerrados con oferta pública, prorrogado hasta fines de 2027.
La discusión sobre la tokenización de regalías se da en un contexto de fuerte restricción financiera para las provincias. De acuerdo con la consultora Politikon Chaco, entre enero y julio de 2026 las transferencias no automáticas de la Nación a los distritos registraron una caída real de 83,2% respecto del mismo período de 2023. En ese escenario, la búsqueda de mecanismos innovadores para atraer inversiones y adelantar recursos se vuelve un tema central en la agenda de gobernadores e intendentes.
“El inversor compra un derecho de cobro, no un pedazo de la provincia. El dominio público sigue inalienable. Lo que circula es un crédito”, enfatizó el geólogo Osvaldo Di Giorgio, al describir el núcleo de la propuesta de tokenización.
Mientras el Congreso y los reguladores avanzan en la discusión normativa, el debate sobre la tokenización de regalías se perfila como una de las posibles respuestas para recomponer la capacidad de inversión de las provincias, en particular en infraestructura y desarrollo productivo, sin resignar el control sobre los recursos naturales.
