Panamá moviliza fondos y refuerza la asistencia tras el terremoto

NewsITe
El Gobierno de Panamá declaró el estado de emergencia nacional luego del fuerte terremoto que sacudió al país el viernes al mediodía, con epicentro en la península de Azuero. La medida, aprobada por el Consejo de Gabinete por instrucción del presidente José Raúl Mulino, habilita la movilización de hasta US$ 100 millones para atender a los damnificados y encarar las primeras obras de recuperación de infraestructura.
De acuerdo con los informes elevados por el Sistema Nacional de Protección Civil (Sinaproc) y otros organismos oficiales, el sismo y sus réplicas provocaron daños materiales significativos en varias provincias, aunque hasta el momento no se registraron víctimas fatales. Las autoridades mantienen un monitoreo permanente de la situación y advierten que el balance de daños podría variar a medida que avancen las inspecciones.
El ministro de la Presidencia, Juan Carlos Orillac, sostuvo en conferencia de prensa que la prioridad inmediata es asistir a las familias afectadas y garantizar recursos para una respuesta integral. En ese marco, el Ejecutivo ordenó a todos los ministros y titulares de entidades públicas mantenerse activos en las zonas golpeadas por el terremoto y poner a disposición personal, vehículos, maquinaria y logística para acelerar las tareas de ayuda.
Comisión especial y despliegue territorial
Como parte del esquema de emergencia, el Gobierno conformó una comisión de alto nivel encabezada por el ministro para Asuntos del Canal y secretario de Metas, José Ramón Icaza, la viceministra Mirna Luque y el propio Orillac. Este grupo tendrá a su cargo la coordinación de la ayuda humanitaria, la administración de donaciones y la planificación de las obras de reconstrucción que se definirán en las próximas semanas.
Para canalizar la solidaridad ciudadana, se habilitó el Parque Omar, en la ciudad de Panamá, como principal centro de acopio de víveres, agua y artículos de primera necesidad. A la par, las gobernaciones provinciales se convirtieron en nodos de recepción y distribución de insumos para las comunidades más afectadas.
Según el último balance del Sinaproc, 27 personas resultaron heridas, con lesiones catalogadas entre leves y moderadas. Equipos técnicos inspeccionan edificios públicos y privados para determinar el nivel de afectación estructural y establecer si es seguro su uso. Al menos 21 instalaciones sanitarias sufrieron daños de diversa magnitud y más de 426 viviendas fueron relevadas, algunas con pérdidas totales.
Impacto en escuelas y comunidades vulnerables
El sector educativo aparece entre los más perjudicados por el terremoto. El Ministerio de Educación reportó daños en 419 centros escolares en distintas regiones del país. Como medida preventiva, se dispuso la suspensión de clases y actividades administrativas en el sistema público inmediatamente después del sismo, mientras ingenieros y especialistas evalúan la solidez de los edificios.
El titular de la cartera educativa, Ventura Vega, anticipó que este domingo se informará si las clases podrán reanudarse el lunes 12 de octubre. La decisión dependerá del resultado de las inspecciones y de las condiciones de seguridad que presente cada establecimiento.
Las provincias de Herrera, Los Santos y Veraguas concentran parte importante de los daños, aunque las afectaciones también se extienden a Chiriquí, Bocas del Toro, la provincia de Panamá y las comarcas Ngäbe-Buglé y Emberá. En la isla de Cañas, unas 300 personas debieron ser evacuadas de manera preventiva por el aumento del nivel del agua asociado al evento sísmico y permanecen bajo resguardo, con asistencia alimentaria, sanitaria y suministro de medicamentos.
Asistencia humanitaria y evaluación de daños
El operativo de emergencia cuenta con el apoyo de 419 efectivos del Servicio Nacional de Fronteras (Senafront), desplegados para colaborar en tareas de seguridad, logística y distribución de ayuda. Brigadas especializadas reparten agua potable, alimentos y artículos de primera necesidad, al tiempo que equipos de profesionales brindan contención psicológica a familias que sufrieron pérdidas materiales o debieron abandonar sus hogares de forma temporal.
Las autoridades también implementaron mecanismos de asistencia específicos para personas con discapacidad auditiva, con intérpretes de lengua de señas que facilitan el acceso a la información y a los servicios de emergencia. En paralelo, técnicos e ingenieros continúan recorriendo hospitales, escuelas y viviendas para completar el diagnóstico de la infraestructura dañada.
- Estado de emergencia nacional para agilizar recursos y contrataciones.
- US$ 100 millones destinados a asistencia, reparación y reconstrucción.
- Más de 400 escuelas y 21 centros de salud reportan distintos niveles de daño.
- Evacuaciones preventivas y despliegue de fuerzas de seguridad y socorro.
“Nuestra prioridad es proteger a las familias afectadas y restablecer, en el menor tiempo posible, los servicios básicos y la infraestructura esencial”, afirmó el ministro de la Presidencia, Juan Carlos Orillac.
El terremoto, registrado el viernes a las 12.56, mantiene en alerta a la población y a los organismos de protección civil por la posibilidad de nuevas réplicas. El Gobierno panameño promete mantener informada a la ciudadanía sobre la evolución de la emergencia, mientras se avanza en una evaluación definitiva de los daños y se delinean las obras de reconstrucción que marcarán el proceso de recuperación de las zonas golpeadas.

