Del agua a los trenes y la energía: el nuevo mapa de privatizaciones
NewsITe
Tras adjudicar el 90% de Aguas y Saneamientos Argentinos (AySA) al consorcio integrado por Rowing, Arcos, Transclor y PHX por US$ 340,2 millones, el Gobierno nacional avanza con el cronograma de privatizaciones previsto en la Ley Bases. El plan incluye sectores estratégicos como el ferroviario de cargas, los servicios aeroportuarios en tierra y la generación eléctrica.
La Ley Bases y Puntos de Partida, aprobada en 2024, habilitó un amplio proceso de desinversión estatal en diversas compañías públicas, con el objetivo de reducir el peso del Estado empresario y atraer capitales privados para financiar obras de infraestructura. En este marco, el Poder Ejecutivo mantiene activos los procesos sobre Belgrano Cargas, Intercargo y ENARSA, mientras que ya cerró la operación sobre AySA.
Belgrano Cargas: licitación por 50 años y grandes obras ferroviarias
Uno de los capítulos más relevantes del esquema de privatizaciones es el referido a las líneas de cargas Belgrano, San Martín y Urquiza. El Gobierno lanzó la licitación para concesionar su operación por 50 años, bajo un modelo de acceso abierto que busca atraer a distintos operadores privados y fomentar la competencia en el transporte ferroviario de mercaderías.
El proyecto contempla un ambicioso plan de inversiones estimado en alrededor de US$ 800 millones. Entre las obras previstas se destacan la renovación y duplicación de vías, la rehabilitación de ramales hoy fuera de servicio, la modernización integral de puentes y alcantarillas, la actualización de sistemas de señalamiento y telecomunicaciones, e incluso la eventual electrificación de tramos seleccionados.
También se proyectan mejoras en pasos a nivel y el desarrollo de nodos logísticos, puertos secos y playas de maniobras, con el objetivo de bajar costos de flete para sectores como el agro y la minería. No sorprende, en ese contexto, el interés de grandes jugadores de esos rubros, así como de operadores ferroviarios internacionales.
Interés empresario y plazos del proceso ferroviario
En el mercado se mencionó, entre otros, al Grupo México, uno de los principales operadores de ferrocarriles de carga en su país, que habría manifestado la intención de invertir del orden de US$ 3.000 millones, condicionado a la posibilidad de acceder al Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI) y a contar con garantías de estabilidad regulatoria.
De acuerdo con el cronograma oficial, las adjudicaciones definitivas de las líneas Belgrano, San Martín y Urquiza se concretarían hacia abril o mayo de 2027. A partir de entonces, los concesionarios deberán ejecutar los planes de obra comprometidos, bajo supervisión estatal y con el respaldo de un fideicomiso como fuente complementaria de financiamiento.
Intercargo: tras una licitación desierta, qué puede pasar
Otro frente abierto es Intercargo, la empresa estatal que brinda servicios de asistencia en tierra a aerolíneas en los aeropuertos argentinos. El Gobierno había lanzado su privatización con un precio base de US$ 45 millones, pero el proceso se declaró desierto luego de que no se presentaran ofertas, ni de grupos locales ni de jugadores internacionales.
La falta de interesados se conoció a fines de junio, cuando al abrir los sobres no se registró ninguna propuesta firme. La Comisión Evaluadora de Ofertas “ad hoc” recomendó entonces dar por terminado ese procedimiento sin adjudicación. Desde el oficialismo atribuyen el resultado, entre otras razones, a la competencia que ya ejercen otras compañías privadas en el segmento, tras la desregulación del sector aeronáutico.
No obstante, Intercargo continuará por ahora bajo control estatal. Los decretos 695/2024 y 198/2025 mantienen vigente el marco que habilita al Ministerio de Economía a explorar nuevos mecanismos para transformar o vender la firma en el futuro, lo que abre la puerta a un eventual relanzamiento de la privatización bajo otras condiciones.
ENARSA: venta de participación en tres centrales termoeléctricas
En el área energética, el Gobierno avanzó con la segunda etapa del proceso de privatización de Energía Argentina S.A. (ENARSA). La decisión oficial fue llamar a licitación pública para transferir la participación estatal en tres centrales termoeléctricas que hoy operan bajo fideicomisos de generación eléctrica creados en los últimos años.
- Termoeléctrica Manuel Belgrano S.A. (TMB S.A.): se autorizó la venta del 65,01% del capital social en manos de ENARSA.
- Termoeléctrica José de San Martín S.A. (TSM S.A.): el Estado pondrá a la venta el 68,83% del paquete accionario.
- Central Termoeléctrica Guillermo Brown S.A. (CTGB S.A.): la licitación se realizará una vez finalizada la liquidación del fideicomiso respectivo y formalizada la incorporación de ENARSA como accionista, un proceso con fecha de extinción fijada para el 30 de septiembre de 2026.
El resto del capital de estas sociedades quedará en manos de empresas privadas del Mercado Eléctrico Mayorista (MEM) que integraron originalmente el Fondo FONINVEMEM, uno de los principales instrumentos de inversión en infraestructura de generación en las últimas décadas.
AySA: quiénes son los nuevos dueños de la empresa de agua
El caso de AySA es, hasta ahora, el avance más concreto del programa de privatizaciones. El holding conformado por Rowing, Arcos, Transclor y PHX se quedará con el 90% de las acciones de la distribuidora de agua potable y saneamiento cloacal que opera en el Área Metropolitana de Buenos Aires.
Rowing es una compañía argentina de ingeniería, construcción y servicios industriales con presencia en proyectos de energía, infraestructura ferroviaria, telecomunicaciones, obras civiles y saneamiento urbano. A lo largo de los últimos años, acumuló experiencia como contratista del sector público, gestionando obras y servicios para distintos organismos estatales.
La firma pertenece al empresario Walter Román, vinculado comercialmente con el Estado y cercano al oficialismo. De acuerdo con registros públicos, sus empresas aportaron alrededor de $40 millones a la campaña de La Libertad Avanza, el espacio que llevó a Javier Milei a la Presidencia.
El rol de Transclor y los vínculos cruzados en el sector energético
Dentro del consorcio también se destaca Transclor, propiedad de Mauricio Filiberti. Se trata del proveedor exclusivo de policloruro de aluminio, el insumo químico clave para la potabilización del agua que utiliza AySA en sus plantas. Esa condición le otorga un rol estratégico en la cadena de provisión del servicio.
Filiberti, a su vez, es socio de los empresarios José Luis Manzano y Daniel Vila en el control de Edenor, una de las principales distribuidoras eléctricas del país y, al mismo tiempo, uno de los mayores proveedores de energía para AySA. Esta red de vínculos entre actores del agua y de la electricidad alimenta el debate político y regulatorio en torno al grado de concentración y a los posibles conflictos de interés en servicios públicos esenciales.
Con AySA como caso testigo y procesos en marcha en el sector ferroviario, aeronáutico y energético, el Gobierno apuesta a redefinir el mapa de empresas públicas y privadas en servicios estratégicos.
Mientras se consolidan los primeros traspasos accionarios y se esperan definiciones clave hacia 2027, el avance o freno de estas privatizaciones se perfila como uno de los ejes centrales del debate económico y político de los próximos años.
