Caputo apuntó contra las pensiones por invalidez y habló de fraude masivo
NewsITe
El asesor presidencial Santiago Caputo volvió a ubicarse en el centro de la escena política al cuestionar con dureza el actual esquema de pensiones por invalidez en la Argentina. A través de su cuenta en la red social X, afirmó que “aproximadamente el 60%” de esas prestaciones serían irregulares y vinculó el otorgamiento de beneficios a maniobras políticas y clientelares.
Caputo sostuvo que una porción significativa de estas pensiones habría sido concedida mediante certificados médicos y trámites impulsados por dirigentes para favorecer a allegados, familiares o militantes. En ese marco, acusó al Congreso de obstaculizar los intentos del Poder Ejecutivo por depurar el padrón y, además, de impulsar iniciativas que aumenten la cantidad de beneficiarios en lugar de restringir los abusos.
“Tenemos más pensiones por invalidez que un país que haya sufrido una guerra”, fue una de las frases más fuertes del asesor, con la que buscó graficar la magnitud del problema. Según su planteo, la proliferación de prestaciones que considera “truchas” impacta directamente en la calidad de las políticas destinadas a quienes sí tienen una discapacidad y dependen de la asistencia estatal.
Proyecto oficial contra el fraude y debate en el Congreso
Las declaraciones de Caputo se enmarcan en el envío al Congreso del proyecto de ley Contra el Fraude de Pensiones por Invalidez, iniciativa del Gobierno nacional que apunta a reformar el régimen de pensiones no contributivas por invalidez laboral. El texto oficial propone mecanismos específicos para prevenir, detectar y sancionar irregularidades, además de una revisión integral del sistema.
Entre los objetivos del proyecto se destacan la actualización de controles sobre certificados de discapacidad, la trazabilidad de los expedientes y una mayor coordinación entre organismos nacionales y provinciales. Desde el oficialismo argumentan que, con recursos fiscales limitados, resulta imprescindible redirigir fondos hacia quienes efectivamente los necesitan.
“El tema pensiones por invalidez debe ser una de las mayores estafas de la política nacional de los últimos 20 años”, sostuvo Caputo, al justificar la ofensiva oficial contra las irregularidades.
El caso Romina Uhrig y el trasfondo político
El pronunciamiento del asesor llega luego de que tomara estado público una denuncia contra la exdiputada y exparticipante de Gran Hermano, Romina Uhrig. De acuerdo con la información conocida en los últimos días, la exlegisladora contaría con un certificado de discapacidad emitido en 2018, durante la gestión de su entonces pareja, Walter Festa, como intendente de Moreno, con vigencia hasta 2028.
Este episodio sumó combustible al debate sobre el uso y presunto abuso de los certificados de discapacidad en distintos niveles del Estado. Para el Gobierno, casos como el de Uhrig reflejan un entramado de privilegios y discrecionalidad que el nuevo marco normativo buscaría combatir. Desde la oposición, en tanto, advierten sobre el riesgo de que la ofensiva oficial derive en recortes generalizados que terminen afectando a personas con discapacidad real.
Mientras el proyecto comienza a ser analizado en el Congreso, el cruce político promete intensificarse. La discusión pondrá en el centro del debate la sustentabilidad del sistema de protección social, el alcance de los controles estatales y el equilibrio entre la lucha contra el fraude y la garantía de derechos para los sectores más vulnerables.
