El fallo que tensa la relación entre el Gobierno y las universidades
NewsITe
El juez en lo Contencioso Administrativo Federal Martín Cormick aceptó la apelación presentada por el Gobierno nacional contra el fallo que había avalado la Ley de Financiamiento Universitario, pero al mismo tiempo ratificó la vigencia de la cautelar que obliga al Poder Ejecutivo a cumplir con lo establecido por la norma.
De esta manera, el expediente pasará ahora a la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo Federal, que deberá decidir si confirma o revoca la resolución de primera instancia. Hasta que eso ocurra, la orden judicial que exige al Gobierno girar fondos a las universidades continúa activa.
La cautelar vigente instruye al Estado nacional a garantizar las partidas necesarias para el funcionamiento de las casas de estudios, recomponer los salarios de docentes y no docentes y actualizar las becas estudiantiles. Se trata de puntos considerados centrales por el sistema universitario público, que viene advirtiendo sobre las dificultades presupuestarias de los últimos meses.
El planteo del Gobierno y el impacto en las cuentas públicas
El Ministerio de Capital Humano, que concentra las áreas de educación, trabajo y desarrollo social, cuestionó con dureza la decisión judicial al sostener que genera “agravios concretos y de significativa gravedad institucional” y compromete el orden fiscal. Según el planteo oficial, el cumplimiento de la Ley de Financiamiento Universitario tendría un fuerte impacto presupuestario.
En el escrito presentado ante la Justicia, el Gobierno argumentó que aplicar plenamente la norma “proyecta efectos presupuestarios de gran magnitud y compromete el equilibrio de las cuentas públicas”, dado que —según sus cálculos— el financiamiento se realizaría mediante reasignaciones de partidas que alcanzarían al 90,30% de los créditos disponibles para gastos primarios del Estado nacional.
El Poder Ejecutivo también sostuvo que no se identificó una “fuente de financiamiento específica y suficiente” para hacer frente a las obligaciones que establece la ley, y planteó que toda decisión judicial en este sentido debe leerse de manera “armónica” con la Ley 24.629 de racionalización del gasto público y con las leyes 24.156 y 27.798, que regulan la administración y ejecución del presupuesto nacional.
Qué se discute de fondo y qué puede pasar
En el centro de la discusión se encuentra el alcance real de la Ley de Financiamiento Universitario y el margen que tiene el Gobierno para redefinir prioridades en un contexto de fuerte ajuste fiscal. Mientras las universidades reclaman previsibilidad presupuestaria para garantizar el ciclo lectivo, el oficialismo insiste en la necesidad de ordenar las cuentas públicas.
- La Justicia de primera instancia ordenó asegurar fondos, salarios y becas.
- El Gobierno apeló y advierte por el impacto sobre el déficit y el gasto.
- La Cámara deberá definir si convalida o no la cautelar y el criterio del juez.
Hasta que la Cámara se expida, el juez Cormick decidió “dar continuidad al trámite de ejecución de cumplimiento de la cautelar vigente”, lo que significa que el Gobierno sigue obligado a aplicar la ley mientras se resuelve la apelación.
El pronunciamiento de la Cámara será clave para el futuro inmediato del sistema universitario público y para el rumbo del programa económico oficial. En el corto plazo, la continuidad de la cautelar brinda algo de oxígeno a las universidades, aunque la discusión de fondo sobre el financiamiento y la autonomía presupuestaria permanece abierta.
