El Sindicato de Inquilinas apunta contra la empresa propietaria de la vivienda de Maricarmen, la mujer de 87 años, que había sido desalojada en Madrid. Sus abogados sostienen que existió negligencia, mientras Urbagestión afirma que el procedimiento se realizó dentro de la legalidad.
La muerte de Maricarmen Abascal, la mujer de 87 años cuyo desalojo provocó protestas y una fuerte repercusión política en España, tendrá ahora una derivación judicial. El Sindicato de Inquilinas prepara una querella por homicidio imprudente contra Urbagestión, propietaria de la vivienda que ocupaba en el barrio madrileño de Retiro.
Los abogados de la organización trabajan en una presentación que buscará determinar si existió negligencia por parte de la empresa durante el proceso que terminó con el desalojo. Abascal había sido internada en el Hospital Gregorio Marañón el 23 de septiembre, el mismo día en que se ejecutó la orden para que abandonara la vivienda.
La mujer permaneció hospitalizada hasta su fallecimiento, ocurrido después de atravesar un cuadro de agotamiento y varios días sin ingerir alimentos. La eventual responsabilidad penal de los propietarios será uno de los puntos que el sindicato intentará llevar ante la Justicia.
Un acuerdo por el alquiler que no llegó a concretarse
Antes de su muerte, la defensa de Abascal negociaba una salida que podía permitirle acceder nuevamente a una vivienda bajo condiciones acordes con sus ingresos. Las conversaciones habían avanzado con Urbagestión y contaban con la mediación de la Empresa Municipal de la Vivienda y Suelo de Madrid.
El entendimiento contemplaba la firma de un contrato de alquiler por ocho años y un pago mensual que no superara el 30% de los ingresos de la mujer. El acuerdo, sin embargo, todavía no había sido firmado cuando se produjo su fallecimiento.
Urbagestión manifestó su sorpresa ante la posibilidad de afrontar una acusación por homicidio imprudente y anticipó que ejercerá su defensa ante los tribunales. La empresa sostiene que el procedimiento para recuperar la vivienda se desarrolló dentro de las normas vigentes y buscará acreditar esa posición durante el proceso.
El caso provocó protestas y aumentó la tensión política
El desalojo y posterior fallecimiento de Abascal trascendieron el conflicto particular por la vivienda y reavivaron el debate sobre los alquileres y los desahucios en España. Organizaciones sociales realizaron concentraciones y una acampada en la Puerta del Sol, mientras el caso comenzó a ocupar un lugar central en la discusión política.
La tensión también alcanzó a Urbagestión. Sus responsables denunciaron amenazas a través de redes sociales, ataques informáticos, suplantaciones de identidad y pintadas en sus oficinas de Madrid y Valladolid. Por este motivo, solicitaron protección para sus instalaciones.
Las protestas continuaron con homenajes a Abascal frente a dependencias de la compañía, donde manifestantes colocaron fotografías y velas. En paralelo, el Sindicato de Inquilinas avanza con la vía penal para que la Justicia determine si existe alguna responsabilidad en las circunstancias que rodearon la muerte de la mujer.
