La Oficina de Presupuesto del Congreso detalló el alcance del proyecto
NewsITe
La Oficina de Presupuesto del Congreso (OPC) difundió un informe en el que estima el costo fiscal del dictamen de mayoría del proyecto de ley para la Atención Integral de la Discapacidad, actualmente en análisis en el Congreso nacional. Según el organismo, el impacto sobre las cuentas públicas sería acotado y estaría en línea con los objetivos de superávit que el oficialismo busca preservar.
De acuerdo con las proyecciones de la OPC, el costo fiscal adicional alcanzaría los $598.912 millones en 2027, equivalente al 0,04% del Producto Bruto Interno (PBI), y treparía a $1.209.567 millones en 2028, lo que representaría el 0,07% del PBI. Estas cifras surgen de dos escenarios de implementación: uno de incorporación gradual de nuevos beneficiarios durante el primer año y otro que contempla un año completo con la totalidad de los titulares incorporados desde el inicio del ejercicio siguiente.
El estudio precisa que el universo potencial de nuevos beneficiarios se determina aplicando un tope de ingresos de hasta dos Salarios Mínimos, Vitales y Móviles sobre la población de 18 a 64 años que cuenta con Certificado Único de Discapacidad vigente pero no percibe actualmente una pensión por invalidez laboral. La OPC aclara que el análisis se concentra exclusivamente en el esfuerzo financiero incremental que supondría la iniciativa.
En esa línea, el organismo remarca que el monto previsto para 2027 implicaría un aumento del 6,1% respecto del gasto total en pensiones no contributivas contemplado en el Proyecto de Ley de Presupuesto de ese año. No se incluyen en la estimación los pagos que el Estado ya realiza a los actuales titulares de pensiones no contributivas por invalidez laboral, que alcanzan a 1.141.486 personas, ya que se trata de egresos corrientes que continuarían independientemente de la aprobación del proyecto.
Cobertura de salud y reservas presupuestarias
El informe también aborda el impacto potencial sobre la cobertura médica. La OPC estima que alrededor de 76 mil nuevos titulares podrían requerir la atención del Plan Federal Incluir Salud. No obstante, el organismo evita ponerle un número concreto a ese costo por la variabilidad en el uso de los servicios y por la superposición con la oferta del sistema público de salud.
En ese sentido, la OPC precisa que el ingreso de estos beneficiarios a Incluir Salud supondría, principalmente, un reacomodamiento en las fuentes de financiamiento: parte del gasto que hoy asumen provincias y otros niveles del sistema sanitario se trasladaría a la órbita nacional, más que generar una erogación totalmente nueva.
Respecto de las obligaciones con los prestadores, el dictamen bajo análisis mantiene una manda ya vigente para compensar desfasajes entre aranceles e inflación entre diciembre de 2023 y diciembre de 2024. La OPC recuerda que esa compensación fue estimada previamente en $278.323 millones como valor de referencia, pero aclara que el monto final dependerá de las acreencias que se verifiquen de acuerdo con el procedimiento fijado en el Decreto 84/2026.
Impacto acotado en el Presupuesto 2027
En materia de financiamiento, el organismo técnico resalta que el Proyecto de Presupuesto 2027 ya contempla reservas específicas dentro de la administración nacional. Por un lado, figura una partida de $3.660.978 millones, equivalente al 0,26% del PBI, destinada a afrontar mayores erogaciones en jubilaciones y pensiones. En el escenario de incorporación gradual de beneficiarios, el nuevo régimen absorbería el 16,4% de esa reserva.
Además, se prevé una reserva de $1.324.523 millones (0,09% del PBI) para transferencias en el área de salud. Estos fondos servirían como respaldo para las erogaciones adicionales asociadas al fortalecimiento de la cobertura médica de las personas con discapacidad alcanzadas por la normativa en estudio.
El informe de la OPC se conoce en la antesala de la sesión prevista para el 15 de octubre, en la que la Cámara de Diputados debatirá, además, el DNU 70. En ese contexto, el cálculo de un impacto fiscal relativamente bajo se vuelve un insumo clave para el oficialismo a la hora de defender el proyecto ante los bloques aliados y sostener la estrategia de disciplina fiscal sin relegar la ampliación de derechos para la población con discapacidad.
