El ejercicio Arandú 2026 suma un nuevo capítulo en la cooperación militar regional
NewsITe
El Gobierno nacional autorizó mediante un decreto de necesidad y urgencia (DNU) la salida de tropas y medios del Ejército Argentino para participar del ejercicio combinado ARANDÚ 2026, que se desarrollará en Brasil entre el 10 y el 17 de octubre. La decisión, formalizada a través del DNU 1157/2026, lleva la firma del presidente Javier Milei y de todo el gabinete, y fue publicada este viernes en el Boletín Oficial.
Según el anexo del decreto, la actividad tendrá lugar en el campo de instrucción Barão de São Borja, ubicado en la ciudad de Rosario do Sul, estado de Rio Grande do Sul. Allí se desplegarán contingentes de ambos países con el objetivo de profundizar la interoperabilidad entre los ejércitos y poner a prueba procedimientos conjuntos en un entorno de ejercicios de alta intensidad.
El texto oficial habilita la salida de hasta 405 efectivos argentinos y de un máximo de 99 vehículos militares, entre ellos diez Tanques Argentinos Medianos (TAM) y ocho vehículos de combate de transporte de personal 8×8. Por parte de Brasil, se prevé la participación de hasta 1.100 militares, lo que configura uno de los despliegues combinados más importantes de los últimos años entre las dos fuerzas.
El costo estimado de la operación para la Argentina asciende a $247.928.911, de acuerdo con el documento difundido. Los fondos provendrán de las partidas asignadas al Estado Mayor General del Ejército dentro del presupuesto del Ministerio de Defensa, sin requerir refuerzos extraordinarios. En la práctica, se trata de recursos ya contemplados para adiestramiento y actividades operacionales.
Objetivos del ejercicio y alcance operativo
ARANDÚ 2026 se inscribe en una serie de ejercicios conjuntos que Argentina y Brasil vienen desarrollando desde hace años para fortalecer la cooperación militar regional. La finalidad central es unificar criterios de planeamiento y ejecución de operaciones, de modo que las unidades de ambos países puedan actuar de manera coordinada ante escenarios hipotéticos de crisis o protección de objetivos estratégicos.
De acuerdo con los fundamentos del DNU, las maniobras contemplan una situación simulada en la que deben resguardarse infraestructuras sensibles y áreas de interés prioritario. Sobre esa base, se evaluarán en el terreno los planes ensayados mediante simuladores durante 2025, con énfasis en la toma de decisiones, el comando y control, y la logística de fuerzas combinadas.
El ejercicio incluirá el despliegue de fuerzas aerotransportadas, aeromóviles, de operaciones especiales, blindadas y de aviación. Están previstos desplazamientos de vehículos de combate, lanzamientos de paracaidistas, asaltos aéreos y actividades tanto diurnas como nocturnas. Este tipo de prácticas apunta a mantener un nivel de adiestramiento acorde con estándares internacionales y a consolidar vínculos de confianza entre los cuadros de ambos ejércitos.
El uso del DNU y el rol del Congreso
En los considerandos, el Poder Ejecutivo justificó la utilización del DNU al señalar que el proyecto de ley para autorizar el conjunto de ejercicios combinados programados entre septiembre de 2026 y agosto de 2027 aún no fue tratado por la Cámara de Diputados. Bajo ese argumento, sostuvo que se configuró una situación excepcional que impedía aguardar el trámite legislativo ordinario sin afectar la planificación ya acordada con Brasil.
Como ocurre con todos los decretos de necesidad y urgencia, la norma comenzó a regir desde su publicación y deberá ser analizada por la Comisión Bicameral Permanente del Congreso, encargada de revisar y expedirse sobre la validez de este tipo de instrumentos. La Bicameral puede recomendar su aprobación o rechazo, pero la decisión final queda en manos de las cámaras de Diputados y Senadores.
En paralelo al debate jurídico y político sobre el uso del DNU, fuentes castrenses destacan que este tipo de ejercicios combinados se consideran claves para sostener el nivel de entrenamiento de las tropas, probar capacidades en escenarios complejos y actualizar doctrinas de empleo conjunto, en un contexto regional donde la cooperación en defensa busca consolidarse como herramienta de confianza mutua.
