El máximo tribunal convocó a una sesión extraordinaria para este viernes a las 9 ante la falta de acuerdo entre sus tres integrantes. La decisión podría restablecer las restricciones que limitaban la compra de tierras rurales por parte de extranjeros, derogadas por el DNU 70/2023.
La Corte Suprema de Justicia convocó para este viernes a las 9 a una sesión extraordinaria en la que podría resolver la disputa por la vigencia de la Ley de Tierras Rurales, cuyas restricciones para la compra de campos por parte de extranjeros fueron eliminadas por el artículo 154 del DNU 70/2023. El máximo tribunal deberá analizar un pedido de medida cautelar que, en caso de prosperar, podría restablecer los límites establecidos por la Ley 26.737.
El expediente llegó a esta instancia a partir de una presentación de la Asociación Civil Árbol de Pie, las comunidades Lafkenche y Lof Fcta Anecon y la legisladora rionegrina Magdalena Odarda. Según informó Infobae, los demandantes reclaman que la Justicia suspenda los efectos del artículo 154 mientras se resuelve el planteo de fondo sobre su constitucionalidad.
La decisión adquiere relevancia porque la Ley 26.737 establecía restricciones sobre la titularidad extranjera de tierras rurales en el país. El DNU firmado por el presidente Javier Milei en diciembre de 2023 derogó ese régimen y eliminó los límites que regían desde 2011 para la adquisición de este tipo de inmuebles por parte de personas físicas y jurídicas extranjeras.
La falta de acuerdo obligó a convocar a dos conjueces
La convocatoria extraordinaria surgió después de que Carlos Rosenkrantz, Horacio Rosatti y Ricardo Lorenzetti no alcanzaran la unanimidad necesaria para resolver el expediente. La Corte funciona actualmente con tres integrantes y necesita los tres votos para dictar una sentencia, por lo que recurrió a la incorporación de conjueces para destrabar la discusión.
Los magistrados convocados son Diego Barroetaveña, integrante de la Sala I de la Cámara Federal de Casación Penal, y Juan Ignacio Pérez Curci, miembro de la Cámara Federal de Apelaciones de Mendoza. Ambos cuentan con una extensa trayectoria dentro del Poder Judicial y participarán de la discusión junto con los actuales integrantes del máximo tribunal.
La urgencia quedó reflejada en una resolución firmada el miércoles a las 19:09 por Sergio Miguel Nápoli, secretario de la Corte. El tribunal redujo de 72 a 24 horas el plazo para que quedara consentida la nueva integración y habilitó “días y horas inhábiles” para completar el procedimiento antes de la reunión prevista para este viernes.
Una eventual concesión de la cautelar tendría un efecto inmediato sobre el régimen vigente: volverían a aplicarse las restricciones para la adquisición de tierras rurales por parte de extranjeros mientras continúa la discusión judicial. De acuerdo con Infobae, especialistas en derecho constitucional señalaron que una resolución directa de la Corte, sin devolver previamente el expediente a una instancia inferior, tendría un carácter excepcional.
Una causa iniciada después del DNU 70/2023
El expediente comenzó en diciembre de 2023 ante la Justicia Federal de Bariloche, poco después de la publicación del DNU 70/2023. Árbol de Pie, las comunidades indígenas y Odarda cuestionaron la constitucionalidad del artículo 154, pero posteriormente el planteo fue enviado a la Cámara Federal de La Plata por su conexión con otra demanda presentada por el Centro de Ex Combatientes Islas Malvinas La Plata (CECIM).
Los impulsores de la presentación sostienen que poseen una legitimación diferente a la invocada por el CECIM. En su planteo no fundamentaron el reclamo en cuestiones vinculadas con la soberanía nacional, sino en “derechos de incidencia colectiva vinculados con la protección del ambiente y derechos propios de los pueblos y comunidades indígenas” sobre sus territorios ancestrales.
La diferencia resulta central después de la decisión que adoptó la Corte la semana pasada. El máximo tribunal revocó entonces una sentencia de la Cámara Federal de La Plata que había declarado inconstitucional el artículo 154, pero no analizó la validez de la derogación de la Ley de Tierras: sostuvo que el CECIM carecía de legitimación activa para impulsar ese amparo.
La resolución generó cuestionamientos políticos y reactivó en el Congreso las iniciativas para derogar el DNU 70/2023. Ante las repercusiones, la propia Corte aclaró mediante un comunicado que su pronunciamiento había resuelto una cuestión procesal y que no alcanzaba a otras medidas cautelares sobre el mismo tema que continúan en trámite ante distintos tribunales.
Ese escenario coloca ahora el expediente de Árbol de Pie y las comunidades indígenas en el centro de la discusión. Si la Corte admite la cautelar, las restricciones previstas por la Ley de Tierras podrían recuperar vigencia mientras continúa el debate sobre la constitucionalidad del decreto; si la rechaza, seguirá vigente la derogación dispuesta por el DNU 70/2023.
