Baratta apeló su procesamiento por presunto enriquecimiento

Baratta busca revertir el fallo por presunto enriquecimiento ilícito

NewsITe

El exfuncionario kirchnerista Roberto Baratta, histórico segundo del exministro de Planificación Federal Julio De Vido, apeló ante la Cámara Federal el procesamiento dictado por el juez Julián Ercolini en la causa que investiga un presunto enriquecimiento ilícito durante sus años en la función pública.

La defensa, a cargo del abogado Rodolfo Iglesias, solicitó que el tribunal de alzada revoque la resolución de primera instancia y dicte la falta de mérito para su representado. El planteo considera que la decisión de Ercolini genera un “gravamen actual, concreto y de imposible reparación ulterior” y cuestiona de manera directa la solidez de la pericia contable utilizada como sustento del procesamiento.

En su fallo, el magistrado había señalado que Baratta habría incrementado su patrimonio en 4.678.496,90 pesos de manera “apreciable e injustificada” entre 2003 y 2017, período en el que se desempeñó como subsecretario de Coordinación y Control de Gestión del Ministerio de Planificación Federal. Según la hipótesis de la fiscalía y del juzgado, ese crecimiento patrimonial no guardaría relación con los ingresos formales del exfuncionario.

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Críticas a la pericia y al rol del juzgado

El escrito de apelación al que accedió Noticias Argentinas sostiene que el juzgado construyó la imputación “sobre premisas fijadas por el propio tribunal” y se apoyó en un dictamen técnico que, según la defensa, no determinó de forma autónoma ni la atribución económica ni el costo histórico del rubro considerado decisivo: la vivienda en el Mapuche Country Club.

Además, se cuestiona que no se habrían ponderado fuentes de descargo ofrecidas oportunamente por Baratta, ni se habrían impulsado medidas de prueba propuestas para respaldar sus explicaciones. El documento habla incluso de un “patrón de confirmación selectiva”, en el que los datos compatibles con la hipótesis acusatoria se presentan como corroboraciones, mientras que alternativas que podrían respaldar al exfuncionario son descartadas por no estar “plenamente trazadas”.

El foco en la mansión de Mapuche Country Club

Uno de los ejes centrales de la discusión judicial es la mansión ubicada en el Mapuche Country Club, tasada en unos 3.700.000 pesos al momento de la investigación. Para el juzgado, ese inmueble constituye un elemento clave para justificar el supuesto desfasaje entre los ingresos declarados de Baratta y su patrimonio final.

Baratta, en cambio, sostiene que la propiedad fue financiada por sus padres, Palmino Baratta y Marta Rosa Girola, en el marco de un “proyecto familiar”. La defensa insiste en que no se investigaron de manera exhaustiva los antecedentes económicos de ambos, que podrían explicar el origen de los fondos aplicados a la compra de la vivienda, ni se analizaron en detalle posibles operaciones de financiamiento, sustitución o reinversión vinculadas a ese activo.

Lo que ahora deberá resolver la Cámara

  • La Cámara Federal deberá evaluar si confirma, revoca o modifica el procesamiento dictado por Ercolini.
  • La defensa pidió la producción completa de las medidas de prueba ofrecidas y una nueva pericia contable integral a cargo de otros profesionales.
  • Se reclama reconstruir el costo y la atribución de la propiedad en Mapuche desde sus fuentes originales, así como recalcular las operaciones patrimoniales involucradas.

La apelación sostiene que solo un nuevo estudio contable y la ampliación de la prueba permitirán determinar con precisión el alcance real del patrimonio de Baratta y la incidencia de cada operación en el resultado final.

En paralelo, la causa por presunto enriquecimiento ilícito se tramita en un contexto en el que Baratta también aparece mencionado en otros expedientes sensibles, como la denominada “Causa Cuadernos”, en la que ya solicitó ampliar su indagatoria para contestar a los empresarios y exfuncionarios que lo vincularon al cobro de coimas. El pronunciamiento de la Cámara Federal sobre este nuevo recurso será clave para definir el futuro judicial del exfuncionario kirchnerista.

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