El Senado de la provincia de Buenos Aires sancionó una ley –ya aprobada en Diputados– que establece que, en los establecimientos de gestión pública y privada, los alumnos de este nivel no deberán utilizar dispositivos tecnológicos durante la jornada educativa, salvo cuando exista un requerimiento o autorización explícita del docente con fines pedagógicos. Fuentes educativas locales advierten sobre la existencia de interrogantes por resolver en torno a su efectiva aplicación.
De la Redacción de EL NORTE
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El Senado bonaerense sancionó una iniciativa proveniente de la Cámara de Diputados que establece pautas para el uso de teléfonos celulares y dispositivos tecnológicos en las aulas del nivel secundario, tanto en establecimientos de gestión estatal como privada. Esto se suma a la restricción que ya rige desde este año en establecimientos de la primaria. La iniciativa establece que los dispositivos no deberán utilizarse durante la jornada educativa, salvo cuando exista un requerimiento o autorización explícita del docente con fines pedagógicos. Las escuelas locales aguardan la publicación en el Boletín Oficial bonaerense para conocer los detalles de la implementación, aunque autoridades educativas consultadas manifiestan interrogantes en relación con la aplicación.
El proyecto tiene como objetivo promover el uso seguro y responsable de celulares y pantallas tecnológicas en las aulas y toma como referencia la Ley 15.534, que regula esta cuestión en el nivel primario.
De acuerdo con el texto aprobado, los alumnos y alumnas del nivel secundario deberán hacer un uso responsable de las pantallas y utilizarlas únicamente cuando sea necesario para cumplir con objetivos pedagógicos. La definición de “uso responsable” incluida en la iniciativa contempla, precisamente, la no utilización de estos dispositivos durante la jornada educativa, salvo las excepciones vinculadas con la actividad escolar.
La propuesta establece, además, que la Autoridad de Aplicación será determinada por el Poder Ejecutivo bonaerense. Ese organismo deberá elaborar instrucciones, protocolos específicos, recomendaciones y otras medidas que considere necesarias para garantizar el cumplimiento de la ley y de su posterior reglamentación.
El Poder Ejecutivo provincial deberá reglamentar la ley en un plazo de 180 días a partir de la fecha de su sanción.
A la espera de respuestas
Autoridades locales notaron, en diálogo con este medio, una serie de interrogantes que deberán ser resueltos en la reglamentación de la iniciativa para hacer efectiva su implementación.
Hasta el momento, en relación con el uso de los celulares en las escuelas secundarias bonaerenses y en nuestra ciudad en particular, cada escuela lleva a cabo las acciones establecidas en sus propios acuerdos institucionales de convivencia: algunas hacen firmar a las familias un comunicado para que los alumnos directamente no lleven los teléfonos; otras, los guardan en cajas o armarios en el horario de clase (permitiendo o no el uso en recreos); y otras los usan con fines pedagógicos. No había una restricción oficial o normativa específica. “¿Cómo se hará efectiva esta ley? ¿Qué pasará si los usan? ¿Habrá sanciones para garantizar que se respete la normativa? ¿Cómo se controlará? En Francia, por ejemplo, colocaron inhibidores de señal wifi como parte de la regulación. No sabemos aún cómo será la aplicación local. Es muy reciente. Habrá que ver si funciona”, expresaron fuentes educativas de nuestra ciudad.
Regulación de otras problemáticas
Durante el debate en el recinto legislativo, se explicó que la iniciativa también tiene como objetivo atender las problemáticas vinculadas al uso de celulares entre adolescentes a la ludopatía.
“La provincia de Buenos Aires se encuentra en un punto de inflexión, donde la necesidad de regular el uso de celulares se entrecruza con las demandas de una sociedad cada vez más conectada”, había señalado Marín Rozas al fundamentar la propuesta. En ese sentido, la ley regularía los efectos que el uso excesivo de los teléfonos puede generar en la atención y la concentración de los estudiantes, además de señalar riesgos vinculados al ciberbullying, la difusión de rumores y la exposición a contenidos violentos.
A los ocho años y mientras cursan el tercer grado, casi 6 de cada 10 chicos argentinos ya tienen un celular propio.
