Toma pacífica en escuela técnica de Posadas por denuncias

Padres y alumnos tomaron la EPET 45 en reclamo de respuestas

Padres y estudiantes frente a la EPET 45 de Posadas durante la protesta

NewsITe

Padres y estudiantes de la Escuela Provincial de Educación Técnica (EPET) N° 45, ubicada en el barrio San Isidro de Posadas, llevaron adelante una toma pacífica del establecimiento el pasado 30 de septiembre. La medida se produjo en reclamo de la intervención urgente de las autoridades educativas provinciales ante denuncias de presunto maltrato y hostigamiento hacia alumnos.

De acuerdo con lo reconstruido a partir de testimonios de la comunidad educativa, la protesta incluyó una sentada de estudiantes dentro de la escuela y la permanencia de familias en el edificio, sin episodios de violencia ni daños materiales. El conflicto se inscribe en el sistema educativo bajo la órbita del gobierno de Misiones, que encabeza Hugo Passalacqua, y vuelve a poner en discusión los mecanismos de respuesta institucional frente a denuncias en establecimientos escolares.

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Hasta el lugar se acercó el supervisor de escuelas técnicas, Juan Eduardo Montiveros, quien mantuvo una reunión con los tutores presentes. Según relataron los padres, el principal cuestionamiento fue la falta de una respuesta que consideraran suficiente por parte del Consejo General de Educación (CGE), pese a que el conflicto ya había sido planteado en instancias formales.

Denuncias de hostigamiento y reclamo de medidas de resguardo

Las críticas de las familias apuntan a integrantes del equipo directivo y a algunos docentes de la EPET 45. Los padres atribuyen a esos agentes episodios de hostigamiento, expresiones agraviantes y situaciones que, según sostienen, habrían impactado en la salud emocional de varios estudiantes.

Cecilia Brítez, integrante de la comisión de padres, señaló que se habrían presentado más de 15 denuncias policiales vinculadas con estos hechos y que los planteos también fueron elevados al CGE. De acuerdo con su relato, algunos chicos estarían atravesando cuadros de ansiedad y ataques de pánico, que las familias asocian a lo ocurrido dentro de la escuela.

Esas versiones corresponden a las acusaciones realizadas por padres y alumnos, y no implican de por sí la determinación de una responsabilidad administrativa o penal de las personas señaladas. Las autoridades educativas remarcan la necesidad de cumplir con los procedimientos establecidos para investigar cada hecho antes de disponer eventuales sanciones.

La respuesta oficial y el pedido de desplazamientos

Durante la jornada de protesta, algunos estudiantes denunciaron que habrían recibido advertencias sobre posibles sanciones por participar de las manifestaciones y que, en determinados momentos, encontraron dificultades para salir de las aulas. Esos señalamientos se suman al clima de tensión que se vive en la institución desde hace semanas.

Los padres reclamaron específicamente el desplazamiento de la directora, Lidia Maldonado, y de otros agentes cuestionados. Se trata de un pedido concreto de la comunidad educativa movilizada, que aún no se traduce en decisiones efectivas de remoción. En paralelo, se informó que distintos organismos y equipos técnicos realizaron entrevistas a los alumnos para recabar información sobre lo ocurrido.

Desde la supervisión escolar se insistió en que resulta imprescindible reunir pruebas, respetar los tiempos de las actuaciones administrativas y evaluar las responsabilidades de cada actor antes de disponer cambios en los cargos. La respuesta oficial, por el momento, se centra en la continuidad del proceso de investigación, mientras que las familias exigen medidas inmediatas de resguardo para los estudiantes y un cambio en la conducción de la escuela.

“No queremos que se siga normalizando el maltrato en las aulas. Pedimos que se nos escuche y se proteja a nuestros hijos”, expresó una madre durante la protesta frente a la EPET 45.

El conflicto en la escuela técnica de Posadas abre una nueva discusión en la provincia de Misiones sobre los protocolos de actuación ante denuncias en el ámbito escolar, el rol de las autoridades educativas y los límites del accionar docente, en un contexto de creciente preocupación social por la convivencia y el bienestar de los estudiantes.

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