Audiencia pública por la nueva estructura tarifaria de AySA
NewsITe
El Ente Regulador de Agua y Saneamiento (ERAS) convocó para el 26 de octubre a una audiencia pública virtual en la que se debatirá la propuesta de actualización tarifaria presentada por Agua y Saneamientos Argentinos S.A. (AySA). La convocatoria se formalizó a través de la Resolución 41/2026, publicada en el Boletín Oficial, y forma parte del proceso de redefinición del servicio de agua potable y desagües cloacales que se presta en la Ciudad de Buenos Aires y en amplias zonas del conurbano bonaerense.
El encuentro, que se transmitirá vía streaming desde la página web del ERAS, tendrá lugar en un contexto de discusión sobre la privatización del servicio, con dos consorcios interesados en obtener la concesión. En este marco, AySA presentó una propuesta técnica que apunta a reformular un esquema tarifario que, según la propia empresa, no tuvo una revisión integral desde su diseño original hace más de cuatro décadas.
Cómo cambiaría la estructura de las tarifas
Uno de los puntos centrales del planteo de AySA es la simplificación del esquema de coeficientes zonales para usuarios del régimen no medido. Actualmente existen 11 coeficientes que van de 1,10 a 3,50, y la propuesta es reducirlos a solo cinco niveles, con valores que irían de 0,75 a 2,75. Esta modificación busca reordenar la distribución territorial de los cargos en función de la localización y características de los inmuebles.
Además, la empresa plantea adecuar el precio del metro cúbico del servicio de desagües cloacales en el llamado «radio antiguo» de la Ciudad de Buenos Aires, incorporando el cobro por la prestación de desagües pluviales. También se proponen criterios diferenciales para asentamientos informales y urbanizaciones cerradas, con el objetivo de contemplar la realidad socioeconómica de cada segmento de usuarios.
Impacto previsto en las facturas residenciales
De acuerdo con las estimaciones realizadas por AySA con valores de septiembre, el 20% de los usuarios residenciales registraría reducciones en su factura mensual sin impuestos, con una baja promedio del 14,7%. Otro 20% mantendría sin cambios el monto a pagar, mientras que el 60% restante enfrentaría aumentos, con una suba media del 22,6%.
En términos globales, la compañía calcula que, si la propuesta se aprueba, el impacto promedio ponderado para los hogares de la Ciudad y el conurbano sería un incremento del 11,4%: la factura media pasaría de $27.156 a $30.250 sin impuestos. Para atenuar el efecto en los bolsillos, la iniciativa contempla un plan de aplicación gradual, con topes a los aumentos mensuales en los cargos zonales del 5% acumulativo.
En el caso de los usuarios que dejen de pertenecer a zonas consideradas de tarifa baja, el subsidio adicional del 15% hoy vigente se eliminaría de manera escalonada en tres etapas, con quitas proporcionales en cada tramo. De este modo, AySA sostiene que se evitarían saltos bruscos en la facturación.
Comercios, industrias y baldíos: qué se propone
Para los comercios, industrias e instituciones, el proyecto prevé una reducción promedio global del 2,2% en la factura media, que pasaría de $137.807 a $134.812. Dentro de este universo, el 63% de los clientes no vería cambios en su monto final, el 22% registraría bajas con un promedio de 24,6%, y el 15% experimentaría subas, que rondarían el 26,5% en promedio.
En tanto, para los usuarios con terrenos baldíos se proyecta un incremento promedio del 7,6% en la factura mensual, que pasaría de $17.822 a $19.172. Según los cálculos de la empresa, el 58% de estos usuarios mantendría sin cambios su factura, el 37% tendría aumentos de alrededor del 21,4% y solo un 5% vería reducciones, en este caso del 20,9% promedio.
Más recaudación para financiar la tarifa social
De aprobarse el paquete de medidas, AySA estima que obtendría un aumento global de ingresos del 7,3%, equivalente a $140.057 millones a valores de septiembre. La empresa afirma que, en línea con el contrato de concesión, el total de ese excedente se destinaría a fortalecer el programa de tarifa social.
El objetivo declarado es incorporar más beneficiarios, ampliar la cobertura en Barrios Populares y sostener la «equidad distributiva» del sistema, al tiempo que se preserva el equilibrio económico-financiero del contrato. La audiencia pública será la instancia formal para que usuarios, organizaciones y especialistas expresen apoyos, objeciones y propuestas alternativas antes de que las autoridades resuelvan si avalan o no la reforma tarifaria impulsada por la compañía.
