Debate político tras el fallo de la Corte por la Ley de Tierras
NewsITe
El presidente del bloque de Unión por la Patria en la Cámara de Diputados, Germán Martínez, anunció que solicitará una sesión especial para debatir la derogación del Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) 70/23, luego de que la Corte Suprema de Justicia revocara la declaración de inconstitucionalidad de un artículo clave vinculado a la Ley de Tierras Rurales.
El anticipo se conoció en el marco de un plenario de las comisiones de Defensa, Relaciones Exteriores y Legislación Penal, convocado para tratar el proyecto sobre Soberanía sobre las Islas Malvinas. Sin embargo, el clima político se tensó a partir del reciente fallo del máximo tribunal, que reactivó la discusión en torno al régimen de propiedad de tierras rurales por parte de extranjeros y el alcance del DNU firmado por el Poder Ejecutivo nacional.
El artículo 154 del DNU 70/23 había sido cuestionado en la Justicia por derogar la denominada Ley de Tierras Rurales, una norma que establecía límites a la compra y posesión de extensas superficies por parte de personas y empresas extranjeras en zonas estratégicas del territorio argentino. La medida se había interpretado como un cambio profundo en la regulación sobre recursos naturales, soberanía y control del suelo productivo.
Con el fallo de la Corte Suprema, que dejó sin efecto la declaración de inconstitucionalidad sobre ese artículo, el escenario legislativo volvió a cobrar centralidad. Desde la oposición al Gobierno nacional, en especial el bloque de Unión por la Patria, consideran que el DNU avanza sobre facultades propias del Congreso y altera de manera sustancial el marco normativo sin un debate parlamentario adecuado.
Un debate atravesado por la soberanía y el modelo productivo
La discusión sobre la Ley de Tierras Rurales se cruza con otros temas sensibles de la agenda nacional, como la defensa de los recursos naturales, la concentración de la propiedad de la tierra y la presencia de capitales extranjeros en áreas consideradas estratégicas. En este contexto, legisladores de la oposición insisten en que el Congreso debe recuperar la iniciativa y revisar integralmente el DNU 70/23.
- Revisión del alcance del DNU 70/23 y su impacto sobre la normativa vigente.
- Debate sobre los límites a la adquisición de tierras por parte de extranjeros.
- Análisis del rol del Congreso frente a los decretos de necesidad y urgencia.
- Vinculación del tema con la agenda de soberanía sobre las Islas Malvinas.
Dirigentes opositores sostienen que la regulación de la tierra rural debe discutirse “de cara a la sociedad y en el Congreso”, y no mediante decretos que modifican de hecho el marco legal sobre recursos estratégicos.
En los próximos días se espera que Martínez formalice el pedido de sesión especial y que el oficialismo y la oposición midan fuerzas en el recinto. La discusión prometen convertirse en uno de los ejes centrales de la agenda política, con implicancias en la relación entre poderes del Estado y en la definición de un modelo de desarrollo que ponga en debate quiénes pueden acceder, controlar y explotar las tierras rurales de la Argentina.
