Tierra del Fuego se suma a la ofensiva judicial por el proyecto León Marino
NewsITe
El Gobierno de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur se presentó formalmente en la causa judicial iniciada por el Ejecutivo nacional contra las empresas Rockhopper y Navitas, en rechazo al desarrollo del proyecto petrolero Sea Lion (León Marino) en la cuenca al norte de las Islas Malvinas.
La administración que encabeza el gobernador Gustavo Melella sostiene que la iniciativa hidrocarburífera no puede avanzar sin una evaluación de impacto ambiental realizada por autoridades argentinas competentes, dado que se trata de un área ubicada sobre la plataforma continental argentina, a poco más de 200 kilómetros al norte del archipiélago.
En su presentación, la provincia advierte sobre posibles daños ambientales, riesgos para los recursos naturales y responsabilidades económicas derivadas de un eventual incidente en la zona. Además, subraya que el proyecto vulnera la Resolución 31/49 de la Asamblea General de las Naciones Unidas, que insta a la Argentina y al Reino Unido a no adoptar decisiones unilaterales que modifiquen la situación de las islas mientras persista la disputa de soberanía.
Cuestionamientos al proyecto León Marino
El escrito judicial remarca que el desarrollo de León Marino “no debe avanzar sin que sus estudios, riesgos y medidas de prevención hayan sido sometidos al examen de las autoridades argentinas competentes, con independencia de quién sea el que lo opere”. En esa línea, Tierra del Fuego reclama que se detenga su ejecución hasta contar con una evaluación ambiental adecuada.
Según la postura fueguina, el impacto del proyecto excede la controversia de soberanía: podría afectar recursos naturales compartidos o conectados, implicar contingencias financieras y generar responsabilidades por daños a terceros países, especialmente en un área de alta sensibilidad ecológica como el Atlántico Sur.
Navitas, con sede en Israel, y Rockhopper, con base en el Reino Unido, encabezan el consorcio que impulsa la extracción de crudo en la zona. Para el Gobierno argentino, esas operaciones se realizan de manera ilegal por no contar con autorización de las autoridades nacionales, lo que abre la puerta a distintos reclamos diplomáticos y judiciales.
La Cuestión Malvinas como política de Estado
En el documento presentado, la provincia afirma que la Cuestión Malvinas constituye “una causa central, prioritaria y de la mayor jerarquía” tanto para Tierra del Fuego como para la Nación. De este modo, el distrito más austral del país busca reforzar, desde el plano institucional y jurídico, la posición argentina frente al avance de actividades extractivas promovidas por el Reino Unido en el área en disputa.
La intervención provincial se inscribe en una estrategia más amplia que la administración de Javier Milei viene impulsando para frenar emprendimientos petroleros considerados unilaterales. El objetivo es incrementar la presión sobre las compañías involucradas y, al mismo tiempo, enviar una señal política a Londres respecto de la vigencia del reclamo argentino.
Reunión Melella-Santilli y agenda de soberanía
El 17 de septiembre, Melella se reunió en Buenos Aires con el jefe de Gabinete, Diego Santilli, para repasar la agenda y las prioridades de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur. Según relató el propio gobernador en la red social X, dialogaron sobre soberanía, la Base Naval Integrada, el Polo Logístico Antártico, el puerto de Ushuaia, inversiones, empleo y la situación financiera provincial.
Melella destacó que el diálogo institucional con la Nación “es fundamental”, pero aclaró que eso no implica resignar posiciones en torno a Malvinas. “Dialogar no significa resignar posiciones: significa defender nuestros intereses y buscar soluciones para los fueguinos”, sostuvo. En el mismo sentido, insistió en la necesidad de un mayor acompañamiento del Gobierno nacional para sostener políticas públicas y recuperar puestos de trabajo.
“Sobre Malvinas, nuestra posición es clara: son parte de Tierra del Fuego y de nuestra identidad. La defensa de la soberanía argentina en el Atlántico Sur es irrenunciable”, afirmó Melella.
Con esta nueva presentación judicial, Tierra del Fuego busca consolidar su rol protagónico en la defensa de los intereses argentinos en el Atlántico Sur, en un contexto de creciente tensión por los proyectos de explotación de hidrocarburos impulsados desde las Islas Malvinas.
