Seis años del asesinato que conmovió a Palermo y al país
NewsITe
Al cumplirse seis años del crimen del inspector de la Policía Federal Argentina Juan Pablo Roldán, el caso vuelve a ocupar un lugar central en la memoria de las fuerzas de seguridad y de la sociedad. El hecho ocurrió en septiembre de 2020, en plena pandemia de Covid-19, en una esquina del barrio porteño de Palermo, a metros del Museo de Arte Latinoamericano de Buenos Aires (MALBA).
Aquel lunes por la tarde, la relativa calma de la zona se vio alterada cuando efectivos de la Policía de la Ciudad acudieron a la intersección de San Martín de Tours y la avenida Figueroa Alcorta, tras el aviso de que un hombre con problemas psiquiátricos estaba hostigando a clientes en una cafetería. El individuo fue identificado como Rodrigo Facundo Roza, paciente en tratamiento psiquiátrico, que se encontraba atravesando un brote psicótico.
Según reconstruyeron los investigadores y quedó plasmado en el expediente judicial, Roza sacó de su mochila una cuchilla y comenzó a amenazar a los agentes. Pese a los intentos de diálogo y de contención, la situación escaló rápidamente: en medio del forcejeo, Roza se abalanzó sobre el inspector Juan Pablo Roldán y lo apuñaló a la altura del corazón. El policía murió poco después a causa de la gravedad de la herida.
En reacción al ataque y para intentar neutralizar la agresión, Roldán llegó a disparar su arma de fuego contra Roza. El agresor fue trasladado de urgencia al Hospital Fernández, donde falleció horas más tarde. El episodio abrió un fuerte debate sobre los protocolos de intervención policial ante crisis psiquiátricas y sobre el sistema de salud mental en la Argentina.
El juicio al psiquiatra y la absolución judicial
En medio del reclamo de justicia por parte de la familia de Roldán y de sectores de las fuerzas de seguridad, la causa tuvo un derivado clave: el juicio oral al psiquiatra Jorge Alberto Monforte, profesional que tenía a Roza bajo tratamiento. La acusación sostenía que el médico no había cumplido con “los controles urgentes, necesarios y adecuados” que el paciente requería, incluyendo la evaluación de una eventual internación.
De acuerdo al expediente, Monforte atendió a Roza el 8 de mayo y el 3 de julio de 2020. Meses más tarde, en septiembre, los hermanos del paciente lo contactaron para advertir que había abandonado la medicación indicada. Sin embargo, el psiquiatra recién le otorgó un nuevo turno para octubre, cuando el episodio fatal ya se había producido.
Para la fiscalía y la querella, esa conducta implicó un incremento del riesgo más allá de lo aceptable y configuró un “estado de desamparo y desprotección” hacia el paciente, que derivó no solo en su propia muerte, sino también en el homicidio del inspector Roldán. El fiscal Sandro Abraldes solicitó tres años de prisión en suspenso para el médico, mientras que la querella reclamó una pena de diez años de prisión.
Pese a ello, el Tribunal Oral en lo Criminal (TOC) 28 de la Ciudad de Buenos Aires resolvió absolver a Monforte de los delitos de abandono de persona seguido de muerte y homicidio culposo. Los jueces consideraron que no se había acreditado, con el estándar exigido en materia penal, que la actuación del psiquiatra tuviera un vínculo causal directo con el desenlace fatal ocurrido en Palermo.
Un fallo confirmado por la Corte y un debate que sigue abierto
La absolución fue luego revisada por instancias superiores y, finalmente, confirmada en mayo de este año por la Corte Suprema de Justicia de la Nación, que dejó firme el sobreseimiento del profesional. El máximo tribunal convalidó así la postura del TOC 28, cerrando la vía penal contra el psiquiatra.
Seis años después, el caso Roldán permanece como un símbolo de las dificultades estructurales para articular el trabajo entre el sistema de salud mental y las fuerzas de seguridad. Especialistas consultados a partir de este expediente vienen advirtiendo sobre la necesidad de mejorar los dispositivos de atención en guardias, el seguimiento de pacientes con antecedentes de episodios violentos y la formación específica de los cuerpos policiales para intervenir en crisis psiquiátricas.
Al mismo tiempo, asociaciones de familiares de víctimas y referentes de la Policía Federal insisten en que la muerte de Roldán expuso la vulnerabilidad con la que muchos efectivos enfrentan situaciones de altísimo riesgo, con escaso respaldo tecnológico, sanitario y legal. En cada nuevo aniversario se repiten los homenajes institucionales, mientras la discusión sobre cómo prevenir episodios similares continúa abierta.
La causa por la muerte de Juan Pablo Roldán quedó cerrada penalmente, pero sigue vigente en el debate público sobre seguridad y salud mental.
Con el paso del tiempo, el recuerdo del inspector asesinado en servicio permanece presente entre compañeros, familiares y vecinos, y reaviva la demanda por políticas públicas integrales que permitan anticipar y contener crisis como la que, en septiembre de 2020, terminó en tragedia en pleno Palermo.
