Provincias mantienen la IVE/ILE en medio del recorte nacional
NewsITe
A más de cinco años de la sanción de la Ley 27.610 de Interrupción Voluntaria y Legal del Embarazo (IVE/ILE), el acceso al aborto legal se mantuvo activo en gran parte del territorio argentino durante 2025 y los primeros meses de 2026. Un informe del colectivo Proyecto Mirar, elaborado por el CEDES y la organización Ibis Reproductive Health, da cuenta de la continuidad de esta política pública, aun en un contexto de fuerte desfinanciamiento a nivel nacional.
De acuerdo con los datos relevados a partir de pedidos de acceso a la información pública, en 2025 se realizaron 87.603 interrupciones del embarazo en el sistema público de salud de 20 provincias, una cifra similar a la registrada el año anterior. La tasa de aborto también se mantuvo estable, con 7,45 intervenciones cada 1.000 mujeres de entre 15 y 49 años, prácticamente igual al 7,49 anotado en 2023.
La demanda se concentró principalmente en tres jurisdicciones: la provincia de Buenos Aires, con 41.446 casos; Córdoba, con 9.341; y la Ciudad de Buenos Aires, con 9.458. En conjunto, explican el 72% de las intervenciones notificadas, proporción que se vincula con el peso demográfico de estas áreas, donde reside más de la mitad de la población femenina en edad fértil del país.
Recorte de fondos nacionales y respuesta de las provincias
El informe advierte sobre el fuerte impacto del ajuste presupuestario a nivel federal. Entre 2023 y 2026, el Programa de Desarrollo de la Salud Sexual y la Procreación Responsable del Ministerio de Salud de la Nación sufrió una reducción del 57%. Este achicamiento en la compra de anticonceptivos provocó una caída drástica en la cobertura: de más de 1,2 millones de personas alcanzadas en 2024 se pasó a apenas unas 63 mil estimadas para 2026.
Frente a la decisión del Gobierno nacional de discontinuar la compra centralizada de insumos clave, como los medicamentos mifepristona y misoprostol, al menos 13 provincias salieron a sostener por su cuenta la provisión de estos fármacos. Buenos Aires, Chaco, Entre Ríos, Jujuy, La Pampa, La Rioja, Mendoza, Misiones, Neuquén, Río Negro, Santa Cruz, Santa Fe y Tierra del Fuego destinaron recursos propios para garantizar la continuidad de los tratamientos en hospitales y centros de salud.
“Que se hayan realizado más de 87 mil interrupciones del embarazo en el sistema público en 20 provincias, similar a lo observado el año anterior, es un buen indicador”, evaluó Mariana Romero, médica epidemióloga e investigadora del CEDES y del CONICET. “Frente a la decisión del Estado nacional de discontinuar la compra, el acceso se mantiene con mucho esfuerzo en 13 provincias que lo sostienen con presupuesto propio”.
El documento también subraya el impacto económico de las políticas de anticoncepción: cada peso invertido en estos insumos produce un ahorro directo de tres pesos en atención médica y, si se consideran variables sociales, educativas y laborales, el retorno puede multiplicarse hasta por veinte.
Red de atención, marco jurídico y cambios demográficos
La red pública de salud cuenta actualmente con 1.846 efectores que garantizan la atención de IVE/ILE, número muy similar al de 2023. Siete de cada diez establecimientos pertenecen al primer nivel de atención, lo que facilita la cercanía territorial y la consulta temprana. Gracias a esta estructura, el 90% de los abortos se realiza dentro de las primeras 12 semanas de gestación, en su enorme mayoría mediante tratamientos farmacológicos.
Además, cinco provincias –Mendoza, Neuquén, Jujuy, San Luis y, más recientemente, la provincia de Buenos Aires– autorizaron a profesionales de la obstetricia a prescribir misoprostol y mifepristona. Esta medida fortalece la capacidad resolutiva del primer nivel, especialmente en zonas rurales y semiurbanas donde el acceso a especialistas suele ser más limitado.
En el plano jurídico, el informe señala que la Ley 27.610 mantiene una estabilidad robusta. Desde su aprobación se presentaron 75 proyectos normativos y 38 causas judiciales en su contra, pero 35 de ellas ya fueron rechazadas y solo tres siguen en trámite ante la Corte Suprema. Ninguna iniciativa orientada a restringir el alcance de la norma logró dictamen ni avance legislativo en el Congreso nacional ni en las legislaturas provinciales.
En paralelo, se observan transformaciones de fondo en los indicadores sociales y demográficos. Las muertes maternas por aborto se redujeron a la mitad en el período posterior a la sanción de la ley, en comparación con el trienio previo, aun cuando la razón general de mortalidad materna subió un 37% entre 2023 y 2024. Por otra parte, la fecundidad registró una caída histórica en la última década, con descensos del 69% entre niñas de 10 a 14 años y del 70% entre adolescentes de 15 a 19 años.
“Es contundente el apoyo de la mayoría de nuestra sociedad a la interrupción voluntaria y legal del embarazo, un consenso respecto a no dar marcha atrás”, sostuvo la socióloga Silvina Ramos, investigadora del CEDES. “Los indicadores cuantitativos muestran que la cantidad de interrupciones no ha descendido, el número de establecimientos se ha mantenido y las iniciativas dirigidas a derogar la ley no han prosperado. El reto de sostener la política pública es muy alto, pero muestra resultados positivos”.
Para Proyecto Mirar, el escenario actual plantea un desafío central: preservar los avances logrados en acceso, cobertura y calidad de atención frente al ajuste presupuestario nacional, apoyándose en la articulación con las provincias, el fortalecimiento del primer nivel de salud y el respaldo social que mantiene la Ley 27.610.
