Pedido de informes por las declaraciones de Milei
NewsITe
El diputado nacional y presidente de la Coalición Cívica, Maximiliano Ferraro, presentó un pedido de acceso a la información pública y un pedido de informes al Gobierno nacional para que aclare y documente las recientes afirmaciones del presidente Javier Milei, quien señaló que entre 2025 y lo que va de 2026 se habrían deportado del país unas 30.000 personas a las que calificó como “terroristas”.
Los requerimientos de Ferraro están dirigidos al Ministerio de Seguridad y a la Dirección Nacional de Migraciones, organismos con competencia directa sobre el control de fronteras y los procesos de expulsión de extranjeros. El planteo se produjo luego de una entrevista que Milei brindó al canal de noticias La Nación+, donde aseguró: “Los 10.000 terroristas que echamos el año pasado. ¿Sabés cuántos llevamos echados este año? El año pasado, 10.000; este año ya llevamos 20.000”.
Ante la repercusión de esas declaraciones, el legislador de la Coalición Cívica busca precisar si las expulsiones mencionadas por el Presidente efectivamente se concretaron y, en caso afirmativo, bajo qué figuras legales fueron tramitadas. De este modo, Ferraro se apoya en la Ley 27.275 de acceso a la información pública para exigir transparencia en datos que, de confirmarse, resultarían de enorme relevancia institucional y diplomática.
Qué información reclama la Coalición Cívica
En su presentación, Ferraro subraya que Milei habló de 30.000 personas deportadas y que las calificó de terroristas, por lo que solicita conocer con precisión cuántos extranjeros fueron expulsados del territorio argentino en los períodos mencionados y cuántos de esos casos se vinculan a causales previstas en el artículo 29 de la Ley de Migraciones 25.871, que contempla situaciones vinculadas con la seguridad nacional y el terrorismo.
El diputado también pide que se detalle cuántas de esas personas cuentan con imputaciones penales o condenas firmes y cuántas figuran en el Registro Público de Personas y Entidades vinculadas a actos de Terrorismo y su Financiamiento (RePET), una herramienta oficial que concentra información sensible utilizada tanto en el plano interno como en la cooperación internacional.
Dudas sobre la calificación de “terroristas”
Otro punto central del pedido de informes tiene que ver con la forma en que se determinó la supuesta condición de “terroristas” de las personas mencionadas por Milei. Ferraro reclama que el Gobierno explique si esa calificación surgió del propio RePET, de otra base de datos oficial o de informes de organismos nacionales o extranjeros, y que detalle cuál es la evidencia concreta que respalda esa categorización.
- Cuántas personas fueron expulsadas y bajo qué artículos de la Ley de Migraciones.
- Cuántas están vinculadas formalmente a delitos de terrorismo o financiamiento.
- Si las personas señaladas figuran en registros oficiales como el RePET.
- Qué criterios y fuentes se utilizaron para considerarlas “terroristas”.
Además, el legislador solicita conocer si existen registros de ciudadanos extranjeros que hayan ingresado a la Argentina con el objetivo expreso de “dinamitar el modelo argentino”, expresión utilizada por el Presidente, y si se radicaron denuncias judiciales a partir de esos supuestos ingresos.
Ferraro pidió que el Poder Ejecutivo precise “las cifras, antecedentes y fundamentos concretos que respaldan las afirmaciones del Presidente relativas a deportaciones masivas de supuestos terroristas”.
El planteo se inscribe en un contexto de fuerte polarización política y de debate sobre el uso de términos como “terrorismo” en el discurso oficial. De avanzar el trámite administrativo, el Gobierno deberá responder en los plazos previstos por la normativa de acceso a la información pública, aportando datos estadísticos y documentación que permitan corroborar o relativizar el alcance de las cifras difundidas por Milei.
