Diputados toma la escena en medio de la parálisis del Senado
La agenda política de esta semana en el Congreso de la Nación estará fuertemente concentrada en la Cámara de Diputados, donde el oficialismo se propone avanzar con el proyecto de Defensa de la Soberanía Nacional sobre Malvinas y la creación de un Consejo de Seguridad Nacional. Mientras tanto, en el Senado permanece congelada la discusión por la reforma electoral, trabada por la resistencia de los bloques aliados a suprimir o suspender las PASO para las presidenciales de 2027.
En la Cámara baja, la prioridad del Gobierno es lograr la sanción de la denominada ley de Defensa de la Soberanía el 7 de octubre. En esa misma sesión se prevé abordar además iniciativas sobre discapacidad y sobre endeudamiento, impulsadas por la oposición y consideradas incómodas para la Casa Rosada. El objetivo oficialista es cerrar este capítulo antes de sumergirse en el debate del Presupuesto 2027, previsto para comenzar el 13 de octubre, en un escenario atravesado por la campaña electoral.
En el Senado, en cambio, la actividad tendrá una semana casi sin movimientos. Tras la aprobación de las reformas al Banco Central —que, por las modificaciones introducidas, deberán volver a Diputados— y de la ampliación del régimen de Zonas Frías, la principal cuenta pendiente del oficialismo es la reforma electoral. Ese proyecto permanece paralizado por el rechazo de la UCR, el PRO y fuerzas provinciales a avanzar con la eliminación o postergación de las PASO, un punto que constituye el eje del tironeo.
Malvinas y la nueva ley de Defensa de la Soberanía
El debate central en Diputados se abrirá este miércoles a las 12, en un plenario de las comisiones de Defensa, Legislación Penal y Relaciones Exteriores y Culto, encabezadas por Carlos Zapata, Laura Rodríguez Machado y Juliana Santillán, respectivamente. La intención es emitir dictamen el 6 de octubre y llevar el texto al recinto al día siguiente.
El proyecto endurece significativamente las penas para quienes exploten, o colaboren en la explotación, de recursos naturales en las Islas Malvinas y su entorno marítimo sin autorización argentina. Se prevén condenas de hasta 20 años de prisión y la inhabilitación para operar en el país. La nueva normativa reemplaza a la Ley 26.659 y amplía el alcance de las restricciones: ya no se limitarán a hidrocarburos, sino que abarcarán cualquier aprovechamiento no autorizado de recursos naturales renovables y no renovables.
La iniciativa incluye, además, la creación de un registro público de infractores, que impedirá al Estado y a los privados contratar con personas o empresas listadas. También introduce la figura del juicio en ausencia para los delitos previstos, una herramienta que busca sortear la dificultad de someter a la justicia argentina a compañías y directivos radicados en el exterior.
Consejo de Seguridad Nacional y nuevas facultades
Otro eje del proyecto es la conformación de un Consejo de Seguridad Nacional presidido por el Presidente de la Nación e integrado de manera permanente por el jefe de Gabinete y los ministros de Relaciones Exteriores, Defensa y Economía, junto con los titulares de los organismos de inteligencia y la Secretaría Legal y Técnica. Este cuerpo tendrá a su cargo la coordinación estratégica de las áreas diplomática, económica, militar, jurídica, cibernética y de inteligencia.
- Podrá intervenir para proteger infraestructuras críticas frente a amenazas externas.
- Estará habilitado para adoptar medidas urgentes como restringir operaciones financieras, bloquear fondos o suspender permisos y contrataciones.
- Tendrá facultades para autorizar, como último recurso, el derribo de aeronaves y el hundimiento de buques hostiles, bajo un protocolo de actuación específico.
El texto también prohíbe los aportes económicos de extranjeros sin residencia permanente y de personas jurídicas del exterior a partidos y campañas políticas. Se incorporan figuras penales vinculadas a la revelación de secretos a servicios de inteligencia extranjeros, la colaboración con operaciones clandestinas y las campañas coordinadas de desinformación destinadas a alterar procesos electorales o incentivar actos de violencia o sabotaje.
El proyecto redefine el alcance de la Defensa Nacional, habilitando su intervención excepcional en seguridad interior frente a amenazas externas estatales o no estatales, e incorpora por ley el Registro Público de Personas y Entidades vinculadas a Actos de Terrorismo y su Financiamiento (RePET).
Con esa incorporación, se faculta la inmovilización de bienes y la prohibición de realizar operaciones económicas o financieras con quienes figuren vinculados al terrorismo o su financiamiento, alineando la normativa local con estándares internacionales.
Endeudamiento y control de tasas: foco en el Congreso
En paralelo, el plenario de las comisiones de Finanzas y de Defensa del Consumidor, del Usuario y de la Competencia tiene previsto emitir dictamen el próximo martes sobre un proyecto de emergencia para el endeudamiento de familias y consumidores. La iniciativa surge tras varias rondas de negociación y busca contener el impacto del aumento de las tasas y del uso intensivo de tarjetas y billeteras virtuales.
De acuerdo con lo consensuado dentro de Unión por la Patria y compartido con otros bloques opositores, se propone declarar una emergencia de 180 días, prorrogable por otro período similar. Durante ese lapso se fijaría un tope a la tasa nominal de interés que pueden cobrar tarjetas y billeteras, se limitarían gastos y comisiones, y se habilitarían planes de refinanciación de hasta 36 meses según los montos adeudados.
El emplazamiento de las comisiones fue aprobado con 133 votos que reunieron a Unión por la Patria, el Frente de Izquierda, Provincias Unidas, la Coalición Cívica, Encuentro Federal y espacios provinciales aliados. Algunas bancadas carecen de representantes en las comisiones, por lo que no firmarán el dictamen, pero sus votos serán clave cuando el proyecto llegue al recinto. La discusión promete convertirse en otro eje de tensión entre el Congreso y el Poder Ejecutivo en plena campaña.
Con este escenario, la Cámara de Diputados se perfila como el epicentro de las definiciones políticas y económicas de las próximas semanas, mientras el Senado sigue sin destrabar la reforma electoral que el Gobierno considera prioritaria, pero que sus propios aliados todavía no están dispuestos a acompañar.
