Tapia cuestionó el fallo que declaró inconstitucional el régimen penal juvenil
NewsITe
El ministro de Justicia de la Ciudad de Buenos Aires, Gabino Tapia, salió con dureza a cuestionar el fallo de la jueza Carla Cavaliere de Marinis, quien declaró inconstitucional la aplicación del régimen penal juvenil en el ámbito porteño. El funcionario confirmó que el Gobierno de la Ciudad impulsó un pedido formal de enjuiciamiento y adelantó que espera que el proceso concluya con la destitución de la magistrada.
En declaraciones radiales a Splendid AM990, Tapia consideró que la jueza incurrió en un “serio incumplimiento de sus funciones” al dictar la resolución que limita la aplicación de herramientas penales sobre menores en conflicto con la ley. El planteo será analizado por el jurado de enjuiciamiento del Consejo de la Magistratura porteño, órgano que deberá evaluar la conducta de la magistrada.
El procedimiento de jury, recordó el ministro, está previsto en la Constitución de la Ciudad y puede derivar en distintas sanciones. Entre las posibles resoluciones se encuentran un simple apercibimiento, una suspensión temporaria o, en el caso más extremo, la destitución del cargo. Tapia defendió la utilización de este mecanismo frente a las críticas recibidas desde sectores judiciales y de organizaciones de derechos humanos, que advirtieron sobre la independencia de los jueces.
Impacto del fallo en la política de seguridad porteña
Tapia remarcó que el fallo cuestionado genera “dificultades concretas” para la política de seguridad en la Ciudad, en un contexto de fuerte debate público por el aumento de hechos delictivos y la reiteración de delitos cometidos por las mismas personas. Según el funcionario, la decisión judicial puede facilitar que imputados recuperen la libertad rápidamente, lo que complicaría la prevención del delito.
En ese marco, el ministro defendió las recientes modificaciones normativas vinculadas con la reiterancia, que buscan brindar mayores herramientas al Poder Judicial para disponer medidas más estrictas cuando existen múltiples antecedentes. “Si entran, los detienen y los vuelven a soltar, uno de los objetivos de esta ley es precisamente dotar de herramientas al Poder Judicial”, subrayó Tapia al justificar el enfoque del Gobierno porteño.
Reforma judicial y traspaso del fuero laboral
Tapia también se refirió al proceso de traspaso del fuero laboral desde la órbita nacional hacia la Ciudad de Buenos Aires, un viejo reclamo de las autoridades porteñas en el marco de la autonomía de la Capital. Según estimó, la Justicia laboral de la Ciudad podría comenzar a funcionar plenamente durante el primer trimestre de 2027, siempre que se avance en la transferencia de recursos económicos y humanos necesarios.
De acuerdo con los cálculos preliminares de la administración porteña, la Ciudad deberá absorber un presupuesto inicial cercano a los 60.000 millones de pesos para sostener el funcionamiento del nuevo fuero. El Gobierno de la Ciudad sostiene que esta transición permitirá ordenar competencias, agilizar los procesos judiciales y acercar el servicio de justicia a los vecinos.
En paralelo, el ministro destacó las políticas de seguridad implementadas por la gestión porteña en los últimos años, que incluyen la ampliación del sistema de videovigilancia, el incremento de personal policial en las calles y la coordinación con el Ministerio Público Fiscal. Para Tapia, la combinación de reformas judiciales y medidas de prevención constituye “un objetivo integral de ordenar la Ciudad y brindar mayor previsibilidad a los ciudadanos”.
“Espero que el jurado de enjuiciamiento entienda que hay un serio incumplimiento a sus funciones y que sea destituida”, sostuvo Tapia al insistir con su reclamo contra la magistrada.
Mientras se espera la definición del Consejo de la Magistratura porteño, el caso vuelve a poner en el centro de la escena la tensión entre la política criminal impulsada por el Gobierno de la Ciudad y los criterios de actuación del Poder Judicial, especialmente en materia de menores y jóvenes en conflicto con la ley penal.
