La Corte Suprema confirmó la pena por el crimen de Cristopher Rego
NewsITe
La Corte Suprema de Justicia de la Nación dejó firmes las condenas impuestas al cabo de la Prefectura Naval Argentina Pablo Miguel Brites y a otros cuatro efectivos por el crimen de Cristopher Kevin Rego, ocurrido en 2018 en el límite de los barrios porteños de Parque Patricios y Barracas. El máximo tribunal desestimó los recursos presentados por las defensas y confirmó así la pena de 20 años de prisión para Brites.
El fallo, firmado por los ministros Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti, rechazó las quejas de las defensas al considerar que los planteos no se dirigían contra sentencias del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de Buenos Aires, en línea con los precedentes conocidos como “Levinas” y “Marcelina”. De esta manera, la decisión de la Cámara Nacional de Casación Penal quedó firme.
El hecho por el que fue condenado Brites ocurrió en la madrugada del 12 de agosto de 2018, en la intersección de Ancaste e Iguazú. Rego, de 26 años y padre reciente —su hijo había nacido apenas 40 días antes—, conducía una Peugeot Partner recién comprada, cuyos papeles aún no llevaba consigo. Al advertir un control vehicular, decidió eludirlo.
De acuerdo con la acusación, el cabo de Prefectura se ubicó frente a la camioneta y apuntó con su arma reglamentaria. Cuando el vehículo lo esquivó, Brites efectuó dos disparos contra la parte trasera. Uno de los proyectiles atravesó el asiento del conductor e impactó a Rego por la espalda, provocándole la muerte. La secuencia fue reconstruida durante el juicio mediante peritajes balísticos y testimonios.
Encubrimiento y reducción de penas en Casación
Luego del hecho, otros efectivos que se encontraban en el operativo levantaron vainas servidas del lugar, en una maniobra interpretada por la Justicia como un intento de encubrir lo sucedido. Por ese accionar, el cabo Cristian López, la marinera Lucila Tamara Carrizo, el cabo segundo Javier Eduardo Fernández y el cabo primero Rubén Darío Viana enfrentaron cargos por “encubrimiento doblemente agravado”.
En el juicio oral, el tribunal había condenado inicialmente a Brites a prisión perpetua como autor de “homicidio doblemente agravado por el uso de arma de fuego y por abuso de sus funciones como miembro de una fuerza de seguridad”. A su vez, los cuatro coimputados recibieron penas de cuatro años de prisión y ocho años de inhabilitación para ejercer cargos públicos.
Sin embargo, la Cámara Nacional de Casación Penal confirmó la responsabilidad de todos los acusados, pero modificó la calificación legal y redujo las penas. En el caso de Brites, fijó una condena de 20 años de prisión. Para los otros cuatro prefectos, estableció penas que van de tres a tres años y medio de prisión, además de las correspondientes inhabilitaciones.
Un caso testigo sobre el uso de la fuerza policial
Las defensas de los condenados recurrieron en queja ante la Corte Suprema con el objetivo de revisar las penas y cuestionar la actuación de los tribunales inferiores. No obstante, el máximo tribunal desestimó esos planteos y dejó definitivamente firmes las condenas. La decisión se inscribe en una línea jurisprudencial que establece límites claros al uso de armas de fuego por parte de integrantes de fuerzas de seguridad frente a personas desarmadas o que no representan una amenaza letal inmediata.
El caso Rego volvió a encender el debate sobre los protocolos de actuación de las fuerzas federales y la responsabilidad del Estado en el control del accionar policial. Organismos de derechos humanos y especialistas en seguridad señalan que este tipo de fallos resultan relevantes para fijar estándares y evitar la repetición de hechos de violencia institucional.
“Disparar por la espalda contra una persona que huye de un control vehicular no puede ser interpretado como un uso legítimo de la fuerza, y la Justicia así lo volvió a dejar en claro”, señalan fuentes judiciales consultadas.
Con la confirmación de la Corte Suprema, se cierra la vía recursiva interna y las condenas contra Brites y los demás prefectos quedan consolidadas. La familia de Cristopher Rego, en tanto, sostiene que la sentencia constituye un paso clave en la búsqueda de justicia por el asesinato del joven.
