La Corte Suprema respalda el uso de una base federal sobre ciudadanía
NewsITe
La Corte Suprema de Estados Unidos autorizó al gobierno de Donald Trump a utilizar una base de datos federal que concentra información sobre la ciudadanía y el estatus migratorio de millones de personas, con el objetivo de depurar los padrones electorales y detectar posibles votantes no ciudadanos. El fallo revierte una decisión judicial anterior que había restringido ese uso por considerar que vulneraba la privacidad.
El programa en cuestión se denomina SAVE, sigla en inglés de “Verificación Sistemática de Extranjeros para la Obtención de Beneficios”. Fue creado en 1986 para que organismos estatales y federales pudieran comprobar, de manera acotada, si quienes solicitaban determinados beneficios públicos cumplían con los requisitos de ciudadanía o residencia legal. Bajo la administración Trump, su alcance se amplió hacia el terreno electoral, lo que abrió un fuerte debate político y jurídico.
Con esta decisión, el máximo tribunal respaldó que el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) lleve adelante consultas masivas en SAVE, cruzando datos confidenciales con otros registros federales, como los del Seguro Social. La sentencia se apoya en una ley federal de 1996 que faculta al DHS a requerir información sobre ciudadanía e inmigración a otras agencias, las cuales están obligadas a responder.
Actualmente, el uso de SAVE por parte de los estados es voluntario y, de acuerdo con la información oficial, 27 estados ya lo utilizan para contrastar la condición de ciudadanía de personas registradas para votar. No obstante, organizaciones de derechos civiles y expertos en derecho electoral advierten que el sistema no fue diseñado originalmente para verificar a votantes y que sus márgenes de error podrían terminar afectando a ciudadanos plenamente habilitados.
Críticas por posibles errores y advertencias sobre el derecho al voto
Uno de los casos citados por los críticos se registró en Texas, en el condado de Travis. Allí, autoridades locales detectaron que al menos 10 de cerca de 100 personas inicialmente marcadas como “no ciudadanas” por los cruces de datos eran, en realidad, ciudadanos estadounidenses con derecho a voto. Desde el inicio de estas verificaciones, solo tres personas no ciudadanas fueron finalmente acusadas de haber votado de forma ilegal en ese estado, lo que alimenta las dudas sobre la proporcionalidad de la medida.
Los tres jueces del ala liberal de la Corte Suprema votaron en disidencia. La magistrada Ketanji Brown Jackson, en particular, alertó que un uso abusivo o poco riguroso de la base SAVE podría terminar privando del derecho al sufragio a personas legítimamente inscriptas. Para los detractores del programa, el fallo abre la puerta a nuevas formas de restricción del voto, especialmente entre comunidades de inmigrantes o minorías étnicas.
- El sistema SAVE nació en 1986 con fines vinculados a beneficios públicos, no al control electoral.
- Veintisiete estados ya lo utilizan para revisar sus padrones de votantes de manera voluntaria.
- Organizaciones civiles denuncian riesgos de errores que afecten a ciudadanos habilitados para votar.
“Un uso indebido del sistema podría terminar afectando el derecho al voto de personas habilitadas”, advirtió la jueza Ketanji Brown Jackson en su voto disidente.
La propia Corte Suprema, sin embargo, recordó que la legislación electoral federal impide realizar purgas masivas de padrones en las semanas previas a una elección. En ese marco, el impacto inmediato del fallo sobre las próximas elecciones de medio término sería limitado, aunque sienta un precedente clave para futuros comicios y para la forma en que Estados Unidos equilibra la lucha contra el fraude electoral con la protección del derecho al voto.
