Pagano apunta contra la quinta de Olivos y la Secretaría General

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La diputada nacional Marcela Pagano realizó una dura denuncia pública contra la exsubsecretaria de Planificación General, María Belén Agudiez, a quien señaló por haber “llenado de parientes” la Secretaría General de la Presidencia y la residencia de Olivos. Según la legisladora, el esquema de designaciones habría contado con el aval del jefe de la Casa Militar, general Sebastián Ignacio Ibáñez, hombre de confianza del oficialismo y, de acuerdo con Pagano, pareja de la exfuncionaria.
De acuerdo al relato de la diputada, Agudiez habría impulsado el ingreso de varios familiares directos a la estructura administrativa de la Quinta de Olivos. Entre ellos, mencionó a su cuñado Osvaldo Sosa como intendente de la quinta presidencial, a su hermana Analía Agudiez y a sus padres en el área de catering, y a su primo Agustín Expósito como director nacional de Seguimiento Operativo. Para Pagano, esta trama configura un caso de nepotismo y conflicto de intereses dentro del más alto nivel del Poder Ejecutivo.
“En Olivos no había Estado: había una mesa familiar con presupuesto público”, sostuvo la legisladora, al denunciar que quienes debían controlar el funcionamiento interno de la residencia eran, a la vez, quienes se beneficiaban con cargos y contratos. En ese sentido, subrayó que Expósito ocupaba un cargo directivo dentro de la subsecretaría encabezada por su prima, lo que, a su entender, debilitaba cualquier mecanismo de control efectivo.
Pagano también dirigió sus cuestionamientos hacia Karina Milei, secretaria general de la Presidencia y figura central del entorno del presidente. Según la diputada, para desactivar el escándalo tras la salida de Agudiez, la administración habría disuelto la estructura civil de la Quinta de Olivos, desplazando a una docena de empleados y reubicando a más de 40 trabajadores, y transfiriendo la gestión de la residencia a la órbita de la Casa Militar.
El rol del jefe de la Casa Militar y las acusaciones de conflicto de intereses
En este nuevo esquema, el protagonismo recayó en el general Sebastián Ignacio Ibáñez, jefe de la Casa Militar desde marzo de 2024. Pagano lo señaló como la figura encargada de “limpiar la escena” y recordó que el militar fue quien denunció por presunto espionaje a dos periodistas de un canal de noticias por registrar imágenes de la Casa Rosada, causa que finalmente fue desestimada por la Justicia por inexistencia de delito.
La diputada vinculó esa denuncia al cierre de la histórica sala de periodistas de la Casa Rosada y sostuvo que, mientras se endureció el trato hacia la prensa, se habría otorgado un trato preferencial a los familiares de Agudiez. Asimismo, mencionó que Ibáñez enfrenta una investigación periodística por supuestas coimas del 10% en compras vinculadas al mantenimiento de la flota aérea presidencial, y cuestionó que, pese a ello, el Gobierno haya impulsado su ascenso a general de división.
- Ingreso y ascenso de familiares de la exfuncionaria en Olivos y la Secretaría General.
- Denuncia de presuntos conflictos de intereses entre Agudiez e Ibáñez.
- Señalamientos sobre el cierre de la sala de prensa de Casa Rosada.
- Cuestionamientos a la reorganización administrativa de la residencia presidencial.
“El jefe de Casa Militar, que firmó contrataciones que favorecieron a la familia de Belén, tiene con ella un vínculo que nadie declaró. Eso tiene nombre: conflicto de intereses”, afirmó Pagano.
La legisladora cerró su exposición recordando las obligaciones marcadas por la Ley de Ética Pública y por normativas que exigen excusarse cuando existe vínculo personal con personas beneficiadas por decisiones administrativas. Afirmó que, en el caso de Olivos, nadie se apartó de los expedientes. Por el momento, desde el Gobierno no se difundieron respuestas formales a estas acusaciones, que agudizan la tensión política en torno al manejo de la estructura presidencial.

