Un sistema de control con resultados mínimos sobre jueces federales
NewsITe
Un informe reciente de la Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia (ACIJ) volvió a poner bajo la lupa el funcionamiento del sistema disciplinario sobre jueces federales y nacionales. De acuerdo con el relevamiento, en casi tres décadas el Consejo de la Magistratura recibió 5.170 denuncias y solo el 1,3% derivó en algún tipo de sanción o en la remoción del magistrado involucrado.
El estudio, titulado “¿Justicia intocable?”, analiza el desempeño del organismo encargado de evaluar posibles casos de mal desempeño o comisión de delitos por parte de jueces y juezas. Según ACIJ, si bien el régimen de estabilidad de los magistrados fue concebido como una garantía de independencia frente a presiones políticas, en la práctica muchas veces termina funcionando como un escudo de impunidad.
Entre 1999 y agosto de 2026, el Consejo de la Magistratura recibió 5.170 presentaciones. De ese total, 4.910 expedientes ya fueron cerrados y 260 continúan tramitándose. Dentro de las causas concluidas, 3.700 denuncias fueron directamente desestimadas, en 633 casos no queda claro el motivo del cierre y otras 469 caducaron por el paso del tiempo sin que se haya impulsado una investigación efectiva.
El trabajo advierte que apenas 64 denuncias terminaron en algún tipo de resolución disciplinaria. De ellas, 43 concluyeron en sanciones —como apercibimientos o medidas correctivas— por hechos que van desde abusos de autoridad y violencia laboral hasta demoras injustificadas en el dictado de sentencias o vínculos indebidos con personas involucradas en las causas. Las 21 restantes derivaron en la remoción del juez de su cargo.
ACIJ también cuestiona la opacidad con la que el Consejo maneja la información de estos expedientes. Pese a que la normativa obliga a publicar los procesos disciplinarios, el organismo solo difunde datos parciales y no habilita un seguimiento público del avance de las investigaciones. Para la organización, esa falta de transparencia limita la capacidad de la ciudadanía de exigir rendición de cuentas y reduce los incentivos internos para promover cambios en el sistema.
Transparencia limitada y denuncias sin voz en el proceso
Otro punto crítico señalado por ACIJ es el rol de las personas denunciantes. Si bien cualquier ciudadano o ciudadana puede presentar una denuncia contra un magistrado, luego no está habilitado para participar del expediente: no puede consultar si la causa avanzó, aportar nuevas pruebas ni impulsar medidas de investigación. Ese diseño institucional, advierten, desalienta las presentaciones y refuerza la distancia entre la Justicia y la sociedad.
El informe se enmarca en una discusión más amplia sobre la necesidad de reformar el sistema de control y selección de magistrados, en un contexto de creciente desconfianza pública hacia el Poder Judicial. Para especialistas y organizaciones de la sociedad civil, mejorar la transparencia y la rendición de cuentas es clave para recuperar legitimidad y garantizar que la independencia judicial no se confunda con impunidad.
Casos emblemáticos de jueces removidos
- Víctor Brusa, ex juez federal de Santa Fe, fue el primer magistrado destituido por el Jurado de Enjuiciamiento en el año 2000, acusado de entorpecer una investigación para ocultar que había atropellado a una persona con una lancha.
- Juan José Galeano, ex juez federal de la Ciudad de Buenos Aires, fue removido en 2005 por graves irregularidades en la causa AMIA. Años más tarde, en 2019, el Tribunal Oral Federal N°2 lo condenó por peculado, privación ilegal de la libertad, prevaricato, encubrimiento y violación de medios de prueba.
- Luis Miret, ex camarista federal de Mendoza, perdió su cargo en 2011 por mal desempeño, a raíz de omisiones en la investigación y denuncia de casos de torturas cometidas durante la última dictadura cívico-militar.
- Roberto Marquevich, ex juez federal de San Isidro, fue suspendido en 2004 por mal desempeño luego de ordenar la detención de Ernestina Herrera de Noble, entonces directora del diario Clarín, en una decisión que fue calificada como arbitraria.
- Walter Ricardo Bento, ex juez federal de Mendoza, fue suspendido por el Consejo en 2023 bajo la acusación de liderar una asociación ilícita. La Justicia lo condenó a 18 años de prisión por exigir sobornos a cambio de favores procesales.
- Alfredo Eugenio López, ex juez federal de Mar del Plata, fue destituido en agosto de este año por mal desempeño, a partir de graves desórdenes de conducta vinculados con posteos antisemitas y discriminatorios en redes sociales.
“Al debilitar la capacidad de la ciudadanía para exigir rendición de cuentas, también se debilitan los incentivos de quienes integran este sistema para producir un cambio”, advirtió ACIJ en su informe.
El diagnóstico de la organización suma presión sobre el Consejo de la Magistratura y reaviva el debate sobre cómo construir un esquema de control que preserve la independencia judicial, pero que al mismo tiempo garantice sanciones efectivas ante el mal desempeño y conductas incompatibles con el cargo.
