Indignación y reclamos tras el asesinato de una candidata
NewsITe
El asesinato de la periodista y candidata a la gobernación de Áncash, Susy Aponte Polo, generó una ola de indignación y reclamos en Perú. La comunicadora, que competía por el movimiento político “Socios por Áncash”, fue acribillada a balazos en un mercado ubicado al norte de Lima, en un hecho que volvió a poner en foco la violencia política y la crisis de seguridad que atraviesa el país andino.
El crimen ocurrió a días de las elecciones regionales y municipales previstas para el 4 de octubre, en un contexto ya de por sí convulsionado. Organizaciones políticas, referentes sociales y usuarios en redes sociales exigen respuestas inmediatas al gobierno peruano y una investigación transparente que permita esclarecer el ataque y determinar a los responsables materiales e intelectuales.
Mientras tanto, las máximas autoridades del país fueron cuestionadas por su silencio. La presidenta Keiko Fujimori, que se encontraba en Nueva York para participar de la 81ª sesión de la Asamblea General de la ONU, aún no había emitido una condena pública al momento de conocerse el hecho, según consignan medios internacionales. En contraste, la Organización de las Naciones Unidas sí manifestó su preocupación y reclamó a Lima una investigación rápida y exhaustiva para evitar la impunidad.
Violencia política y sospechas sobre la Policía
El caso de Susy Aponte Polo tiene un componente especialmente delicado: la periodista había denunciado amenazas previas y, de acuerdo con la información difundida, habría sido advertida sobre un posible atentado en su contra vinculado a un alto mando policial. Sus investigaciones tenían como foco presuntos hechos de corrupción que involucraban tanto a la Policía como a autoridades locales en la región Áncash.
Este escenario se suma a una larga lista de cuestionamientos a las fuerzas de seguridad. Solo en agosto, durante el primer mes de gestión de Keiko Fujimori como presidenta, la Policía registró 169 homicidios en todo el país. A esto se agregan denuncias recurrentes por corrupción y participación de efectivos en crímenes, lo que erosionó aún más la confianza de la ciudadanía en las instituciones encargadas de brindar seguridad.
La crisis alcanzó también a la cúpula policial: a principios de septiembre, el jefe de la Policía Nacional se vio obligado a renunciar en medio de escándalos y acusaciones que se arrastraban desde hacía al menos dos meses. Este contexto refuerza la hipótesis de que el crimen de Aponte Polo podría estar vinculado a su trabajo periodístico y a sus investigaciones sobre el poder local y las fuerzas de seguridad.
Impacto político y caída en la imagen de Fujimori
El asesinato de la candidata llega en un momento delicado para el gobierno. Según relevamientos citados por la cadena internacional RFI, la popularidad de Keiko Fujimori se desplomó en pocas semanas. Mientras que hasta hace un mes tres de cada cinco peruanos manifestaban estar conformes con su gestión, las mediciones más recientes indican que solo un tercio de la población mantiene su apoyo.
La oposición y varios sectores políticos responsabilizan al oficialismo por el clima de inseguridad. Dirigentes de distintos partidos señalaron a Fujimori y a su espacio Fuerza Popular por la falta de respuestas y el silencio frente al crimen de Aponte. Incluso hubo pedidos de renuncia del ministro del Interior, César Astudillo Salcedo, quien quedó en el centro de las críticas por la escalada de violencia y los cuestionamientos a la Policía.
- Asesinato de una periodista y candidata en plena campaña electoral.
- Denuncias previas de amenazas y posibles vínculos con altos mandos policiales.
- Críticas a la gestión de Keiko Fujimori y fuerte caída en su imagen pública.
- Reclamo de la ONU para que se investigue el caso de manera rápida y sin impunidad.
“La ONU le solicitó al gobierno peruano que abra rápidamente una investigación para evitar la impunidad frente a este tipo de crímenes”, señalaron medios internacionales consultados.
Con el calendario electoral a la vuelta de la esquina y una ciudadanía cada vez más desconfiada, el crimen de Susy Aponte Polo se convirtió en un símbolo de los desafíos que enfrenta Perú en materia de seguridad, transparencia institucional y protección a periodistas y dirigentes políticos. El avance de la investigación será clave para determinar si el país logra dar una señal clara contra la violencia política o si, por el contrario, se profundiza la crisis de credibilidad que ya golpea a su gobierno.
