Indignación en Madrid por el desalojo de una vecina de 87 años
NewsITe
Una fuerte polémica sacude a España tras el desalojo de Maricarmen, una mujer de 87 años con discapacidad que vivía desde hace siete décadas en un departamento del barrio de Retiro, en Madrid. El operativo, concretado por orden judicial y con apoyo de la Policía Nacional, se llevó a cabo pese a la resistencia de activistas y vecinos, que intentaron frenar el lanzamiento.
La calle Alcalde Sáinz de Baranda se convirtió, durante la noche previa al desalojo, en escenario de acampe y protesta. Decenas de personas se congregaron frente al edificio para respaldar a la anciana y cuestionar el accionar de la Justicia y de la empresa propietaria del inmueble. Según medios internacionales, la Policía utilizó gas pimienta y llegó incluso a desalojar a periodistas que cubrían el operativo.
El procedimiento se extendió por más de siete horas y culminó alrededor de la una de la tarde, cuando finalmente Maricarmen fue retirada del inmueble en camilla. De inmediato fue trasladada al hospital Gregorio Marañón para realizarle chequeos médicos y evaluar su estado de salud tras la tensión vivida durante la jornada.
El conflicto de fondo: una suba de alquiler imposible de pagar
El caso se originó en 2018, cuando el edificio donde vivía la mujer fue vendido primero a la inmobiliaria Renta Corporación y luego transferido a la socimi Urbagestión Desarrollo e Inversión SL, una sociedad dedicada a la gestión de activos inmobiliarios. A partir de ese momento comenzaron las presiones para actualizar el valor del alquiler.
La nueva propiedad exigió a la inquilina un alquiler mensual de 1.650 euros, por debajo de los 2.650 euros que, según se informó, pagan otros inquilinos del mismo edificio. Sin embargo, esa cifra resultaba inalcanzable para la octogenaria, cuya única fuente de ingresos es una pensión de 1.450 euros, insuficiente para afrontar el aumento sin quedar en una situación de extrema vulnerabilidad.
La abogada de Maricarmen, Beatriz Duro, aseguró que la parte propietaria rechazó todas las propuestas de acuerdo presentadas durante el litigio. Entre ellas, se incluían alternativas para rebajar temporalmente el alquiler o, al menos, retrasar la fecha del desalojo unos quince días adicionales, a fin de que la mujer pudiera organizar sus pertenencias y encontrar una solución habitacional más estable.
El rol de las autoridades y el debate sobre la vivienda
Desde el Gobierno de la Comunidad de Madrid, el portavoz Miguel Ángel García Martín sostuvo que se ofreció a la anciana una plaza en una residencia pública para personas mayores. Además, afirmó que se trabajó de manera coordinada con el Ayuntamiento madrileño para acercar otras opciones de alojamiento, propuestas que, según su versión, fueron rechazadas por Maricarmen.
- El conflicto se remonta a la venta del edificio en 2018.
- La inquilina vivía allí desde hacía alrededor de 70 años.
- El alquiler reclamado, de 1.650 euros, superaba sus ingresos mensuales.
- Colectivos en defensa del derecho a la vivienda se movilizaron en su apoyo.
“La propiedad rechazó todas las alternativas para alcanzar un acuerdo o, al menos, retrasar el desalojo”, denunció la abogada de la mujer, Beatriz Duro.
El caso reavivó en España el debate sobre el derecho a la vivienda, el rol de los grandes tenedores de inmuebles y la situación de los adultos mayores que dependen de alquileres sometidos a fuertes subas. Organizaciones sociales advirtieron que el episodio de Maricarmen no es un hecho aislado, sino parte de una problemática estructural que afecta a miles de personas en las principales ciudades del país.
Mientras tanto, la mujer de 87 años enfrenta ahora la incertidumbre sobre su futuro inmediato, tras haber sido apartada del hogar en el que construyó su vida durante casi toda su existencia.
